Este mes de agosto es crucial para los principios constitucionales del debido proceso y sobre todo, para la salvaguarda de la presunción de inocencia.
Se cumplen, el día 23, dos años desde que la Fiscalía General de la República inició un proceso penal contra el empresario Enrique Rais y ocho personas más, acusados de un “tutifruti” de delitos de los cuales hasta ahora no han sido probado uno tan solo.
En el curso de estos años, en los que hay personas privadas de libertad, el empresario Rais ha denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia y tribunales internacionales, los intereses de personas, identificadas por sus nombres y apellidos, asociadas al crimen organizado y vinculadas a la mafia canadiense, que según él son responsables de haber “armado” el famoso caso Rais-Martínez.
En sus denuncias Rais ha demostrado múltiples hechos de corrupción y acciones delictivas de las que se han valido fiscales y policías sin que hasta la fecha el Fiscal General haya investigado ninguna de ellas ni tomado medidas sancionatorias contra ninguno de los responsables. De eso hace ya dos años.
Dos años de detención provisional equivalen a 730 días de estar violando el principio de inocencia establecido en nuestra constitución. Un principio y un derecho que implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso –imputado, procesado o acusado– debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta en tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme.
Los pormenores de este proceso serán analizados,sin lugar a dudas, por los jueces y estudiosos del derecho que están atentos al desenlace del famoso caso Rais-Martínez, son dignos de una película sobre temas de justicia.
Quién no recuerda las películas míticas, “Testigo de cargo”, Veredicto final”, “Doce hombres sin piedad” o “Ausencia de de malicia” donde se muestra cómo los poderes públicos se prestan a veces a vulnerar las leyes y perjudicar a ciudadanos inocentes, llegando incluso a arruinar la vida de una persona, ocasionando su muerte, como el caso del expresidente Francisco Flores. Todos ellos en algún momento toman decisiones que vulneran la legalidad o la ética, camuflando su responsabilidad bajo la expresión de “ausencia de malicia”.
En el caso al que nos referimos no hay tales de ausencia de malicia pues las denuncias de Rais han sido y siguen siendo concretas, con nombre y apellidos, de quienes son los que vulneran la ley en el país. Todos los protagonistas han sabido desde un principio que sus actos podían tener consecuencias y a pesar de ello los realizaron. Y, sin embargo, no desisten de su empeño.
Han transcurrido dos años desde que el caso Rais- Martínez mantiene convulso al sistema judicial del país. Solo queda esperar que los juzgadores tengan presente que en las decisiones que tomamos en la vida, no es suficiente con no tener ánimo de hacer el mal, sino que es preciso pensar en los “daños colaterales” que pueden ocasionar nuestras acciones y decisiones a personas inocentes, que no tienen culpa de nada.
