Miles de personas protestaron frente a la Asamblea Legislativa contra una supuesta purga judicial impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele y exigir que se respeten sus derechos tras los nombramientos realizados recientemente por la Sala de lo Constitucional.
Varios sectores de la sociedad civil marcharon desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo hacia el Congreso en señal de desaprobación frente a nuevas leyes que, tal y como lo denuncian, atentan contra el país.
Los asistentes se oponen a las reformas que implica la Ley de la Carrera Judicial, así como la imposición del bitcoin, los despidos masivos y recortes presupuestarios en el sector sanitario, además de lo que consideran como una mala gestión de la pandemia de coronavirus.
El juez Jorge Guzmán, que fue jubilado forzadamente y por lo tanto recusado del caso El Mozote, expresó que «se trata de una injuria a través de redes sociales y programas de televisión, donde se les atribuyen hechos de corrupción». La reforma judicial ordenada por el Ejecutivo al Legislativo obliga a los jueces y magistrados mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio a retirarse.
Para muchos, esto supone una traición de la Corte Suprema de Justicia hacia sus propios jueces. «Aquí se han aprovechado de la necesidad de los compañeros a un retiro digno y los han obligado a renunciar. Ceder a la fuerza no es un acto de voluntad, es un acto de necesidad, y ellos lo han hecho por necesidad», aseveró Guzmán.
El secretario general del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, Stanley Quinteros, denunció que hubo retenes militares y policiales para detener los autobuses con personas de distintas zonas que pretendían sumarse a la marcha.
Sin embargo, los manifestantes no se amilanaron a pesar del despliegue de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil (PNC), que detuvo en gran medida el avance de las masas hacia el Parlamento.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud) también mostró su oposición a las medidas del Ejecutivo. Ana Gladys Leiva, representante del gremio, aseguró a periodistas que buscan denunciar la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y las condiciones «inhumanas» a las que son sometidos los trabajadores sanitarios.
