El procurador de Derechos Humanos en funciones, Ricardo Gómez, responsabilizó el lunes a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), no identificados, de la desaparición forzada de dos jóvenes, incluido un menor de edad, el pasado mes de abril.
Gómez señaló que una «investigación independiente» de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre la desaparición forzada de Kevin R. y Andrés Guardado, de 17 y 19 años, «ha encontrado elementos que permiten inferir la participación de agentes del Estado».
Relató que el 30 de abril pasado, dos hombres que utilizaban chalecos antibalas, gorros pasamontañas, armas largas y «ropa que los identificaba como policías» llegaron en un vehículo con placa estatal hasta una gasolinera en la localidad de Santiago Nonualco para interceptar a los jóvenes.
«De acuerdo con la denuncia, los hombres sometieron a los jóvenes colocándoles esposas en sus muñecas», y posteriormente «los subieron a la parte de atrás de vehículo y partieron posiblemente rumbo a San Salvador, (…) sin que hasta ahora se tenga conocimiento de su paradero», acotó.
El defensor del pueblo hizo un «enérgico llamado» al director de la Policía, Howard Cotto, y al fiscal general, Douglas Meléndez, para que realicen una investigación «efectiva» para localizar a los jóvenes, identifique a los responsables y los lleve ante los tribunales.
No es la primera vez que la PDDH señala a los cuerpos de seguridad por un hecho similar, dado que en julio de 2016 emitió una resolución en la que responsabilizó a un grupo de militares de la desaparición forzada de 3 jóvenes.
Los 6 militares implicados fueron llevados a juicio y absueltos en noviembre del 2015, pero el 16 de enero de 2017 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anuló el falló y envió el proceso a una cámara que «decidirá si ordena un nuevo juicio o emite sentencia condenatoria en contra de los involucrados».
Ese mismo día, la Sala de lo Constitucional resolvió en un hábeas corpus que «la desaparición forzada se encuentra establecida y por ende existe una vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal» de los jóvenes.
