El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, informó el lunes que su oficina ha recibido tan solo 67 denuncias de «afectaciones a derechos» bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Tobar llamó a las autoridades de seguridad que se «enmarquen en el principio de legalidad» y que sus actuaciones sigan las normas que rigen a las instituciones.
Que hayan denuncias, no implica, en efecto, que se hayan cometido abusos o afectación de derechos, sino que, sólo que hay denuncias pendientes de ser investigadas.
El Salvador cumplió el domingo una semana bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
La Asamblea Legislativa suspendió, a petición del presidente Nayib Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno de Bukele ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una «guerra contra las pandillas».
Las fuerzas de seguridad han capturado a 5.747 supuestos pandilleros, mientras familiares de algunos detenidos buscan información y han denunciado agresiones.
Durante el fin de semana, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó y borró de sus redes sociales un video en el que supuestos pandilleros fueron golpeados.
«En el video, de cerca de un minuto de duración, se vio a pandilleros sometidos y torturados sobre un piso de tierra. La cuenta posteó el video algunos minutos, pero luego lo borró», aseguró La Prensa Gráfica.
El mandatario ordenó la noche del sábado al director de Centros Penales, Osiris Luna, que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) de la Policía sean trasladados a penales «para volverlas a llenar».
