El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo el miércoles que no cumplirá varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que le impiden realizar detenciones de personas que supuestamente han incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria en la emergencia sanitaria del coronavirus, dejando al Ejecutivo en «desacato».
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reiteraron el miércoles a Bukele que no está autorizado a privar de la libertad e internar en centros de confinamiento a personas que incumplan el aislamiento, hasta que la Asamblea Legislativa apruebe una ley formal que le faculte para aplicar las medidas.
«No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución», escribió Bukele en Twitter, tras el fallo. «Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir».
El tribunal también ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al ministerio de Salud que entreguen en los próximos días un listado completo de las personas privadas de libertad de manera ilegal, el nombre de quien realizó la detención y la información completa de los encargados de los centros de confinamiento.
Además, facultó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, velar por el cumplimiento de las medidas cautelares, algo que Bukele rechazó al no estar de acuerdo con el mecanismo que llevó al funcionario a ser el ombudsman salvadoreño.
El mandatario, al contraponerse a los dictados de la Sala, aclaró que su Gobierno “continuará ejecutando al 100 % el decreto ejecutivo 19”, señalando además que “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, restándole valor a las ordenes recibidas por parte del Órgano Judicial.
De acuerdo al Supremo, los actos del Poder Ejecutivo no pueden limitar derechos fundamentales y cita una resolución del 9 de mayo de 1986 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que indica que “la sola determinación del poder público no basta para restringir tales derechos”.
La Fiscalía General de la República (FGR) esta obligada por ley a manifestarse y actuar ante el desacato manifestado por el presidente, a lo que el fiscal Raúl melera escribió:
