Presidente del Congreso dice que la ley de reconciliación cumple con la sentencia de la Corte Suprema
El proyecto de ley de reconciliación nacional que podría ser aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa de El Salvador sí cumple con la sentencia emitida por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la anulación en 2016 de la amnistía de 1993, afirmó ante periodistas el diputado Mario Ponce.
La Sala de lo Constitucional ha dado tres prorrogas a los diputados de la Comisión Política del Congreso, encargada del estudio y análisis de la ley, para crear el instrumento que debe de garantizar que se obtenga información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la verdad y la justicia.
La guerra interna en El Salvador enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla comunista, financiada por Cuba y los países soviéticos, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de unos 80 mil muertos.
El presidente del Parlamento explicó que el proyecto de ley, que contiene 74 artículos, presentado el lunes a diputados de la Comisión Política fue elaborado por su equipo técnico con el apoyo de su asesor personal, un exprocurador de derechos humanos cuyo nombre no fue brindado, y un equipo de juristas especializados.
De acuerdo con Ponce, diputado de Partido de Concertación Nacional (PCN), el documento tiene como base la propuesta presentada por las víctimas de la guerra y organizaciones no gubernamentales que les apoyan.
«Para elaborar esta propuesta se tomó la propuesta de las víctimas, que tenía 84 artículos, y el documento que elaboraron diputados de una subcomisión de la Asamblea (Legislativa) que contenía 40 artículos», dijo.
Señaló que «hicimos una función de los dos documentos, vimos las coincidencias, marcamos bien las diferencias y sobre eso se empezó a trabajar» y apuntó que de la propuesta de las víctimas «se tomó con base en un 90 %».
«Pedí a la Comisión Política que me dieran la oportunidad a mi equipo técnico de construir un solo documento, de los dos documentos que existían más los insumos, la comisión tomó a bien a que se construyera uno solo», señaló.
LEY SÍ CUMPLE CON SENTENCIA DEL SUPREMO
Ponce afirmó que el proyecto de ley «cumple con todos los aspectos de la sentencia de la Sala (de lo constitucional) para que los crímenes de guerra y lesa humanidad se investiguen y para que las víctimas tengan la protección debida».
«Las leyes no son perfectas, se perfeccionan en el camino, y puedo asegurar que esta ley desarrolla de forma amplia la verdad, la justicia y la reparación», recalcó.
El presidente del Congreso indicó que la normativa, a penas presentada ayer martes a las víctimas y a las organizaciones no gubernamentales, ya fue socializada con el cuerpo diplomático acreditado en el país y con otros sectores de la sociedad, que han aportado observaciones y recomendaciones.
Subrayó que «estamos tratando de afinar detalles y estoy abierto a escuchar recomendaciones y observaciones, no estoy cerrado a ello, siempre y cuando no se trate de tijerear (despedazar) toda la ley».
«El compromiso de este servidor es darle al país una ley de reconciliación de justicia transicional que funcione, no hacer una ley que burle a la población y por eso tome como base el documento de las víctimas», sostuvo.
Ponce aseguró que el proyecto de ley será votado entre el jueves o el viernes, último día establecido por la Sala de lo Constitucional para la aprobación de la normativa, y señaló que no pedirá una prorroga más al Supremo.
El Congreso tiene hasta el 28 de febrero para aprobar la ley, según un último plazo dado por la Sala de lo Constitucional, entidad que en 2016 anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armando y ordenó al Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas.
