La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Presidencia de la República transparentar el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), además de incluir sus gastos de funcionamiento en el Presupuesto General de la Nación.
La Sala exige a la Presidencia se formalicen las relaciones laborales de los empleados, mediante contratos en los que queden legalmente establecidos los salarios devengados por estos.
“Se ordenó al Presidente de la República que en virtud de los principios democrático y de transparencia, que le obligan a documentar sus contrataciones laborales y de toda índole para ser fiscalizadas por las instituciones correspondientes y por la propia ciudadanía, incluya una partida en el Presupuesto General de la Nación a efecto de transparentar los recursos económicos destinados a los gastos de operación del OIE», reza la sentencia.
La sentencia es producto de una demanda en la que 32 exempleados fueron despedidos en 2014 sin compensación alguna y de manera verbal.
En el momento de los despidos, la Presidencia justificó el despido, sin dar a los empleados el derecho de defensa, en la falta de contratos.
«Se infiere que todos ellos eran servidores públicos permanentes que realizaban actividades pertenecientes al giro ordinario de la institución y que la causa de los despidos radicó básicamente en la falta de contrato escrito, aun cuando el OIE, como entidad pública, está obligado a documentar sus relaciones laborales», continúa el comunicado divulgado por la Sala de lo Constitucional.
El presidente de la República «como máximo funcionario responsable de una entidad pública que funciona con fondos públicos, debe garantizar que se documenten sus contrataciones, entre ellas la de personal, y el de dejar constancia del pago de remuneraciones, tal como se desprende del contenido del artículo 83.4 de las Disposiciones Generales de Presupuestos».
