Una audiencia fue convocada en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por los representantes James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey, copresidentes de la comisión Lantos, por violaciones a los Derechos Humano en El Salvador.
Se realizaron dos paneles, uno por funcionarios de la administración del presidente Biden y otro por representantes de las ONG defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch. Fueron interrogados sobre las medidas que la administración de Biden ha tomado para abordar denuncias de abusos cometidos por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
En marzo pasado fue promulgado un régimen de excepción por la Asamblea Legislativa, tras un pico de violencia que provocó 87 homicidios en 72.
El presidente Bukele ha pedido cinco veces al Congreso extensiones para el régimen de extensión y todas han sido aprobadas por una mayoría oficialista del parlamento.
Según Noah Bullock, miembro de la organización no gubernamental Cristosal, uno de los testigos en la audiencia, bajo ese régimen, al menos 52.000 salvadoreños han sido detenidos, sin una investigación exhaustiva previa y unas 76 personas han muerto mientras permanecían en prisión o bajo custodia de agentes del Estado.
Por su parte, la representante de Human Right Watch, Taraciuk Broner también detalló algunos de los abusos cometidos “en más de 120 casos documentados por HRW, las personas fueron sacadas de sus casas o arrestadas en las calles sin que las autoridades les mostraran una orden de arresto. En raras ocasiones los detenidos fueron informados de las razones por las que los arrestaban y, en muchos casos, los agentes se rehusaron a proveer información de los detenidos a las familias de estos”.
Además agregó junto con otra representante que el régimen de excepción no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución del país para este tipo de medidas temporales.
