La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala aseguró el viernes que “no negocia con criminales”, luego de que surgieran cuestionamientos públicos y denuncias indirectas sobre presuntas concesiones o acuerdos informales con estructuras delictivas en distintas regiones del país.
En un pronunciamiento institucional, la PNC afirmó que su actuación se rige estrictamente por la ley y que toda intervención policial se ejecuta bajo los principios de legalidad, profesionalismo y subordinación al orden constitucional, descartando cualquier tipo de diálogo o negociación con organizaciones criminales.
Aunque la institución no precisó el origen puntual de los señalamientos, el pronunciamiento ocurre en medio de un clima de desconfianza ciudadana hacia las fuerzas de seguridad, alimentado por el persistente poder de estructuras de narcotráfico, pandillas y redes de corrupción que operan en el país.
La PNC sostuvo que los operativos recientes y las capturas realizadas demuestran una política de cero tolerancia frente al crimen organizado, y reiteró que cualquier acusación debe ser presentada ante las instancias judiciales correspondientes.
“No existe margen para pactos ni arreglos con quienes violentan la ley. Nuestra función es perseguir el delito, no administrarlo”, señaló la institución en su declaración.
Analistas en temas de seguridad coinciden en que, más allá de los pronunciamientos oficiales, Guatemala enfrenta desafíos estructurales que limitan la efectividad del combate al crimen, entre ellos la falta de recursos, la debilidad institucional y la infiltración criminal en algunos niveles del Estado.
Diversas organizaciones sociales han advertido que la percepción de posibles negociaciones —reales o supuestas— surge en contextos donde los índices de violencia se mantienen elevados y los resultados judiciales son limitados, lo que incrementa la exigencia de transparencia hacia las autoridades.
En este contexto, sectores de la sociedad civil han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, la supervisión independiente y la rendición de cuentas dentro de la PNC, como medidas clave para recuperar la confianza ciudadana.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Gobernación no había ampliado la información ni anunciado investigaciones internas relacionadas con los señalamientos, mientras que la PNC insistió en que continuará ejecutando operativos “sin concesiones” contra las estructuras criminales que operan en el país.
