El pasado 1 de junio, el presidente Nayib Bukele anunció una guerra frontal contra la corrupción en El Salvador.
En ese momento iniciaron una serie de acusaciones, arrancando con la persecución del expresidente Alfredo Cristiani Burkard (ARENA 1989-1994), acusado de haberse enriquecido mientras fue presidente de la República.
El gobierno se apropió ilegalmente de sus bienes (negocios, fincas, residencias y vehículos), así como cuentas bancarias y llegó a ocupar con policías una droguería que habría vendido a un tercero hace casi 10 años.
El fiscal general Rodolfo Delgado acusó a Cristiani con pompa, show mediático y escarnio público; sin embargo, no mostró ningún documento u orden judicial que fundamentara que se sigue un proceso formal contra él por ese motivo ni que avalara semejantes diligencias.
Luego, diversas pesquisas han sido presentadas por la FGR contra cualquier exfuncionario de oposición, léase el exministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés; la exdiputada y expresidente del Órgano Legislativo, Lorena Peña y su hija, Ana Virginia Guardado, acusadas también por la FGR pese a sus alegatos de inocencia y de persecución política; y últimamente el caso del diputado arenero Alberto Romero, condenado por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, por el enriquecimiento ilícito de $445,766.05, y hoy aparece el fiscal Delgado acusándolo, sin prueba alguna presentada, asegurando que el diputado Romero no ha podido justificar el monto de $1,162,388.05.
Hay que estar claro, la corrupción y el enriquecimiento ilícito han sido las estratagemas favoritas de los políticos de ayer, hoy y, lo serán quizá del mañana. Los abusos del poder temporal que otorga el pueblo han minado las arcas del Estado y no han permitido el desarrollo pleno de los salvadoreños a costa de la riqueza de algunos abusivos.
Pero la cola de serpiente de la corrupción no ha sido cortada, apenas fue pellizcada, sin hacer mella de la corrupción de propios en la Administración Bukele.
La «guerra contra la corrupción» declarada por Nayib Bukele, se está quedando corta cuando no se ve hacia adentro, si no sólo hacia afuera.
La percepción de la población con las acciones tomadas contra un diputado electo por el partido oficialista Nuevas Ideas, Erick García, es positiva, aunque la acusación que permitió su desafuero express es verdaderamente inocua, ya que la falsedad ideológica de la que se le acusa, al no ser abogado de la República, tiene una mísera pena de tres años como mínimo, lo que la haría excarcelable y pírrea de ser condenado. Si la comparamos al presunto delito de narcotráfico del que lo acusó el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt.
De ser condenado, el diputado Cyan recibiría una suave «palmadita en la mano», a cambio de «quien sabe qué».
Igual, el montaje del show ha sido espectacular, en cosa de horas Erick García fue acusado, desaforado y encarcelado en espera de juicio.
La historia de la corrupción política en El Salvador se remonta décadas atrás, y es un factor persistente que ha socavado la confianza en las instituciones gubernamentales, algo de lo cual, al parecer, ni el actual gobierno escapará, si se investigan múltiples denuncias enfocadas hacia la Casa Presidencial y sus ministros.
Pero la población, que no es tonta, se pregunta también que ha hecho el fiscal general, Rodolfo Delgado, con respecto a las acusaciones contra funcionarios del Ejecutivo, porqué no es tan rápido y veloz cuando se trata de funcionarios públicos actuales.
El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa decidió destituir al entonces fiscal general Raúl Melara, luego que una nueva aritmética legislativa dictada por el oficialismo destituyera a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y a sus suplentes.
El fundamento para pedir la destitución de Melara fue el artículo 192 de la Constitución, haciendo referencia al pasado «político» del fiscal general, a quien consideró la nueva Asamblea Legislativa «aliado del partido ARENA».
Pero los motivos y razones para destituirlo eran otras. Raúl Melara Granillo se atrevió a abrir 12 expedientes de investigación contra funcionarios del gobierno de Nayib Bukele.
El CICIES, una de las promesas de campaña del presidente Bukele, informó a la FGR sobre los 12 casos de “posibles ilícitos” en 5 carteras del Ejecutivo. Por supuesto, el CICIES fue tachado y desaparecido de un solo golpe presidencial.
Además, tanto el Departamento del Tesoro de EE.UU., mediante la Ley Magnitsky y el Departamento de Estado, a través de la Lista Engel, así como diferentes investigaciones revelaron oportunamente diversos actos de corrupción en los que presuntamente están involucrados funcionarios del actual gobierno, quienes aún siguen teniendo la confianza del mandatario, al menos eso se percibe.
En estos casos, la fiscalía general no inició investigación alguna, demostrando que a sus ojos institucionales, «la ley es ciega, sorda y muda».
Los señalados de corrupción
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, es el rostro más conocido por señalamientos relacionados a actos de corrupción durante el gobierno de Bukele.
Recinos es señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser la jefa de un esquema de corrupción que realizó adquisiciones sospechosas en la construcción del hospital El Salvador y que además ordenó a los ministros a realizar compras “sospechosas” de insumos para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Además, Recinos es señalada por las autoridades estadounidenses de dirigir un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno para los afectados por la pandemia fueron desviadas para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas, con el fin de obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021, lo que le dió al proyecto Bukele una mayoría calificada en el Congreso.
Además, Recinos fue recientemente condenada en firme por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber beneficiado con una beca de $25,000.00 a una familiar, por lo que tendrá que devolver los dineros mal utilizados y pagar una multa de unos dos mil dólares. Ni el presidente ni su gobierno se han referido al caso.
Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, quien también ocupa el cargo de viceministro de Justicia y Seguridad Pública, fue incluído en la Lista Engel por el Departamento de Estado de EE.UU. porque “ha incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”.
Francisco Alabí, ministro de Salud, autorizó y compró botas de hule para personal médico por un monto 225 mil dólares a una empresa de repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V.
Fiscales del Ministerio Público anterior investigaron 17 casos de presunta corrupción por contratos y compras irregulares realizadas por el gobierno de Nayib Bukele en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre esos, la compra de las botas de hule de Alabí y sus familiares.
Pero al allanar las oficinas donde se esperaba encontrar pruebas de los ilícitos, los fiscales se encontraron con bloqueos y obstaculización por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Otros funcionarios también señalados por EE.UU de cometer corrupción son el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
Con respecto a la corrupción desde la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorgó 1,092,644 dólares en contratos de emergencia por Covid-19 a Aire Frío de El Salvador S.A. de C.V, una empresa fundada por el diputado de Nuevas Ideas y jefe de bancada, Christian Guevara cuando era candidato.
Los contratos fueron para suministrar con equipos de aire acondicionado e instalaciones eléctricas a hospitales y oficinas de Gobierno. Seis de esos ocho contratos con el MOP ocurrieron cuando Guevara era director secretario de la Junta Directiva de Aire Frío y candidato a diputado por Nuevas Ideas.
Guevara también ha sido designado por Estados Unidos dentro de su lista de actores corruptos y antidemocráticos por “debilitar el proceso democrático” al promover una mordaza contra los medios de comunicación del país.
El actual fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, es un abogado quien antes de ocupar el despacho de Fiscal fue Jefe de la unidad de Crimen Organizado de la FGR y asesor del despacho cuando el titular era Douglas Meléndez, un personaje que tuvo que huir del país por actos reñidos con el cargo que detentó, tales como fabricación de casos, de pruebas y asociado en actividades criminales organizadas para lograr los objetivos de personas que lo «financiaban», según fuentes fiscales.
Delgado, antes de ser nombrado por la Asamblea Legislativa ocupaba el cargo de asesor del Banco Hipotecario, un banco bajo la esfera de poder del Ejecutivo salvadoreño.
El Fiscal se encarga de perseguir toda acusación originada en la presidencia de la República o en su concejo asesor y es extremadamente eficiente al perseguir juicios como el de Saqueo Público en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que involucra al expresidente Antonio Saca, a familiares y a funcionarios de su gobierno, pero lento o nulo para realizar averiguaciones con respecto a la corrupción intragubernamental.
Es bueno recordar al Fiscal dos cosas, «o todos en la cama, o todos en el suelo» y la reconocida frase del ahora Santo monseñor Oscar Arnulfo Romero: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”, en este caso, solo a los que están en la OPOSICIÓN.
