El cabo de la Policía Nacional Civil (PNC) Jesús Arriaga Cazún fue asesinado el sábado «en horas del mediodía» en el departamento de Ahuachapán, donde se produjo el primer homicidio de un agente del cuerpo de seguridad desde que se inició el 2018.
El número total de asesinatos de los miembros de los cuerpos de seguridad en el país se incrementó un 2,9 % durante el 2017, respecto al 2016, según informó recientemente el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto.
En el 2017 fueron asesinados 70 miembros de estas fuerzas estatales, de los que 46 eran de la Policía y 24 del Ejército, frente a los 68 computados en 2016.
En las estadísticas, las autoridades de Seguridad no incluyen la parte mas difícil para los policías que son cazados por los pandilleros mientras se encuentran de licencia: Familiares e hijos de los agentes.
Pocas horas después del asesinato de Arriaga Cazún, la esposa e hija de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron asesinadas esta en la Lotificación El Ángel, del municipio de Apopa, San Salvador.
Las víctimas fueron identificadas como Mercedes Catalina Vásquez, de 43 años de edad, y Paola Mercedez Córdova Quijano, de 11 años de edad; fueron asesinadas al interior de su vivienda.
Según las autoridades, sus cuerpos presentaban lesiones en el cráneo.
La policía fue informada por vecinos que los hechores huyeron en una motocicleta.Durante el fin de semana la PNC realizó un operativo en la zona en busca de los responsables del doble asesinato.
Según Cotto, al menos 21 de los crímenes «se han resuelto» y unas 60 personas guardan prisión, mientras que las investigaciones por otros 10 homicidios de agentes «están por finalizar en los próximos días».
El funcionario no mencionó resultados sobre alguna investigación de los asesinatos de familiares de los agentes policiales, o soldados o custodios de prisiones.
Las autoridades de Seguridad han señalado en diversas ocasiones que con los ataques contra los miembros de los cuerpos de seguridad, las pandillas buscan presionar al Gobierno para obtener beneficios carcelarios similares a los dados durante un armisticio entre estas bandas, que tuvo lugar entre el 2012 y 2014 y fue apoyado por el Ejecutivo del FMLN.
