El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador ordenó embargar $227 millones $677 mil en bienes de la Sociedad Astaldi, esto a petición de la parte querellante representada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL).
Además, la jueza, Nora Montoya, ordenó decretar el embargo preventivo sobre los bienes de los imputados José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini Maiocchi, una vez la parte interesa indague con exactitud los bienes sobre los cuales recaerá el embargo.
En su resolución, la jueza señala que es procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a Italia para que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI, siendo su presidente Paolo Astaldi en ese país.
El monto total a embargar a la Sociedad Astaldi Società per Azioni es de 227.677.113 dólares.
En el caso también esta judicializado el ex presidente Mauricio Funes y otros.
Los delitos atribuidos a Funes y el resto de imputados son peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. A su vez, se acusa de cohecho propio al representante legal de Astaldi, Mario Perasgostini Maiocchi.
Además del expresidente Mauricio Funes, se acusa al ex presidente de la CEL, José Leopoldo Samour, al empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé, a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (pareja de Funes) y José Efraín Quinteros como los responsables de desviar $50 millones del proceso de construcción de la presa a cuentas de Funes.
El Fiscal General, Raúl Melara, denominó dichas actividades como un «entramado criminal» dirigido por Funes.
De acuerdo a Melara, en la investigación se analizó y depuró la prueba ofrecida al inicio del caso, por lo que la acusación cuenta con 34 experticias, 112 evidencias, 1,252 documentos.
Raúl Melara ha declarado que Funes lideró un “entramado criminal” que permitió llegar a un “acuerdo directo” entre el Gobierno y la empresa Astaldi para finalizar el contrato de la construcción de un represa tras el pago de 108,5 millones de dólares, de los que 45,2 millones no fueron justificados.
La referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero esta abandonó la obra por “imprevistos” geológicos.
De acuerdo con el fiscal Melara, el Estado salvadoreño tenía el 70 % de posibilidades de ganar un juicio internacional, dado que el contrato establecía que Astaldi debía asumir los costos de cualquier imprevisto en la obra. A pesar de eso Funes aseguró que en El Salvador no había abogados capaces de ganar ese juicio y que por eso decidió transar con Astaldi.
De acuerdo con la acusación fiscal, Funes habría lavado 3,5 millones de dólares en empresas “fachadas” en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao, fondos que supuestamente se dieron como “dádiva” por el arreglo.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del “cambio” del ahora opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
