Un grupo de organizaciones civiles exigieron el martes que se retire la orden de detención provisional contra Rubén Zamora, exdiputado y crítico del Gobierno, al considerarla como un intento de «callar» a la sociedad.
«Estamos exigiendo que se le respete la vida, que se le respete la libertad, que se le retire la orden de captura que han emitido en contra de él (Zamora), porque es ilegal, es inconstitucional y es inmoral», dijo a periodistas Ronald Umaña, del movimiento Resistencia Ciudadana.
Agregó que «el trasfondo de esa orden de captura es ver cómo callan a la sociedad civil» y «este es un mensaje para ver si nos callamos».
El 23 de diciembre se dio a conocer una resolución en el proceso por la masacre de El Mozote, donde presuntamente el Ejército ejecutó a unos 1.000 guerrilleros, colaboradores de la insurgencia armada y civiles en 1981, en la que se ordenó prisión provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los exdirectivos de la Asamblea Legislativa de 1993, entre ellos Zamora, crítico del Gobierno de Nayib Bukele.
La jueza Mirtala Portillo, que es acusada de «opacidad» por la querella del proceso penal y de dilatar el avance a juicio, indicó en su resolución que estas personas supuestamente encubrieron a los procesados con la promulgación de una ley de amnistía de 1993.
A juicio de Umaña, «a la jueza es obvio que le dieron ordenes de sacar esa orden de captura porque ella debe saber que hay un artículo 125 en la Constitución que le da un fuero a los diputados en el tiempo, que no son responsables de las opiniones o de los votos que hayan emitido».
Advirtió que, por su edad, Zamora «no puede estar en ninguna cárcel de estas, ahí lo terminarían asesinado». Y que «aquí sube de escalón la dictadura, aquí la represión va a ser más clara, va a ser manifiesta en el país».
Además de representantes de Resistencia Ciudadana, al que pertenece Zamora, al pronunciamiento público se sumaron el Bloque de la Sociedad Civil (BSC), el Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y Justicia Plena.
En 1993, poco antes que una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas revelara su informe sobre violaciones a derechos humanos, tanto por parte del Ejército como de la guerrilla, durante la guerra civil (1980-1992), la Asamblea Legislativa promulgó una ley de amnistía, que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), causó unas 75.000 muertes, miles de desaparecidos y cientos de masacres contra guerrilleros y sus colaboradores, atribuidas a los militares y la masacre de población civil sin defensa, alcaldes y las personas que no deseaban ingresar a las sangrientas filas de los guerrilleros comunistas.
