La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó un paquete de reformas fiscales que busca reforzar los ingresos del Estado y responder a crecientes presiones de instituciones crediticias internacionales sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un contexto de alta deuda y compromisos de pago en el corto y mediano plazo.
Las reformas, promovidas por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, se enfocan en fortalecer la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión fiscal, uno de los problemas estructurales del sistema. Entre las medidas destacan:
- Mayor fiscalización digital mediante cruces de información bancaria y comercial.
- Ajustes a impuestos selectivos en sectores específicos.
- Nuevos mecanismos de control para grandes contribuyentes.
Aunque el gobierno ha insistido en que no se trata de una reforma que incremente directamente la carga tributaria sobre los sectores populares, economistas advierten que el impacto podría trasladarse indirectamente a consumidores y pequeñas empresas.
Según estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública salvadoreña se mantiene por encima del 75% del PIB (89%), un nivel considerado elevado para economías emergentes con limitado acceso a financiamiento en condiciones favorables.
El país enfrenta además vencimientos importantes de deuda en los próximos años, lo que ha incrementado la presión para fortalecer los ingresos fiscales y reducir el déficit.
El sector privado ha reaccionado con cautela. Cámaras empresariales señalan que, si bien es necesario mejorar la recaudación, existe preocupación por el posible impacto en la inversión y la competitividad. Analistas coinciden en que el éxito de la reforma dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del gobierno para generar confianza en los mercados.
