El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, estuvo en El Salvador entre el 15 y 16 de noviembre pasados y al cierre de su visita emitió un pronunciamiento en el que aseguró que instó al presidente, Salvador Sánchez Cerén, a que «derogue las medidas extraordinarias».
Por su parte, el Ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que participó en dos reuniones con Al Hussein, incluida la que sostuvo con Sánchez Cerén, y que «en ninguna de ellas ha mencionado, ni por cerca, la necesidad de derogar las medidas extraordinarias».
“Insté al presidente a que derogue las medidas extraordinarias y garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi oficina”, dijo el funcionario de las Naciones Unidas en su momento, lo que hoy niega el funcionario de la administración Sánchez Cerén.
Las medidas, lanzadas en abril de 2016, tienen como principal elemento el endurecimiento del régimen de seguridad en seis prisiones con pandilleros e incluye el aislamiento de los presidiarios y la suspensión de las visitas.
Según Landaverde, estas fueron implementadas para recuperar el control de las prisiones, que se convirtieron, «a lo largo de muchos años, en un factor de riesgo para la sociedad y seguridad el país».
Al Hussein explicó que recibió informes de que estas medidas «han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas», con un «brote de tuberculosis que ha afectado a más de mil detenidos» y cientos que «sufren de desnutrición».
Las medidas, que tienen vigencia hasta marzo de 2018, incluyen un mayor despliegue militar y de un comando elite de 1.000 uniformados que dan caza a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural.
En el marco de esta visita, diversas organizaciones sociales también pidieron el fin de las medidas porque han generado un incremento en el uso de la fuerza letal por los uniformados y supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Datos de las organizaciones dan cuenta de que en los últimos años se han dado 114 supuestas ejecuciones extrajudiciales y han fallecido más de 1.000 personas en supuestos enfrentamientos armados entre pandilleros y policías, una tasa de 25 civiles muertos por cada uniformado caído.
