Las autoridades de Guatemala entregaron a El Salvador a un supuesto líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), a quien se le acusa de ser uno de los autores intelectuales de la escalada de asesinatos ocurrida en marzo de 2022 que desencadenó el divorcio entre el Gobierno de Nayib Bukele y las organizaciones delincuenciales con las que se venía negociando, solicitándose implementar un régimen de excepción para combatir a las maras, y que sigue vigente desde entonces con más de 78.000 arrestos.
Una fuente de la oficina de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia confirmó el martes a periodistas la detención, mientras que el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, divulgó un vídeo de la entrega del pandillero por parte de las autoridades de Guatemala.
«Uno de los que ordenaron el alza de homicidios en marzo/22 ha sido capturado. Se trata de Héctor Oswaldo González Pérez, alias ‘Cruel de Western’, ranflero (líder) de la MS», publicó en X el jefe policial.
Señaló que «la captura de este terrorista, aparte del trabajo de inteligencia de la PNC, se dio en coordinación con las autoridades mexicanas y guatemaltecas».
Arriaza Chicas publicó en su cuenta de X dos videos en los que se muestra primero la entrega del líder pandillero por parte de México a la Policía de Guatemala y luego a las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
Funcionarios del Gobierno de El Salvador también divulgaron fotografías del detenido en custodia de dos agentes de la PNC.
En marzo de 2022, El Salvador vivió los días más violentos de la Administración de Nayib Bukele con más de 80 asesinatos en tres días, lo que rompió presuntas negociaciones entre las pandillas y el Gobierno, que llevó al Ejecutivo a pedir a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción.
Esta medida, señalada de violar derechos pero que ha elevado la popularidad de Bukele, ha dejado más de 78.100 detenciones y ha sido extendida en 24 ocasiones por lapsos de 30 días por una Asamblea oficialista.
Bukele basó en esta política, que cuenta con un amplio respaldo de la población, su campaña de reelección en las pasadas elecciones del 4 de febrero, pese a la prohibición constitucional de presentarse a un segundo mandato.
En el marco de este régimen, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
Las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200, mientras que organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, advierten que en las comunidades empobrecidas la violencia de las pandillas se ha sustituido por la estatal.
El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a dos altos funcionarios del Ejecutivo de Bukele por supuestamente organizar negociaciones con las pandillas.
