Informes aseguran que la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido judicializar las investigaciones realizadas por la Auditoría Judicial de la institución, en contra de algunos fiscales y empleados administrativos, incluido el exfiscal Douglas Meléndez, acusados de inventar “pruebas“ en el llamado caso “Corruptela”.
De ser cierto, nos parece conveniente hacer algunas consideraciones.
Hasta ahora lo que sabemos es que, el fiscal Raúl Melara no está dispuesto a permitir situaciones como las denunciadas por fiscales y empleados administrativos, que acusaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) a sus mismos compañeros, de haberlos obligado a mentir para armar el caso corruptela.
A raíz de esas denuncias, Melara ordenó que se realizara una auditoría fiscal y, tal como lo establece el Reglamento Interno de la FGR, luego que se determinó la existencia de indicios penales suficientes, esta fue suspendida y se derivó a una unidad especial de investigaciones, por lo cual, la Fiscalía ha decidido judicializar el caso.
Los denunciantes, también fiscales auxiliares y empleados administrativos, aseguraron ante la PDDH que fueron obligados, mediante coacción y amenazas, a mentir como testigos criteriados en el mal llamado caso Corruptela, con la complacencia y responsabilidad del ex fiscal Douglas Meléndez.
La audiencia inicialmente estaría programada para la próxima semana, manteniendo en rigurosa reserva los nombres de los imputados, excepto el de Douglas Meléndez.
La judicialización del caso contra las “manzanas podridas” de la Fiscalía debe ser la lección que deben aprender todos los fiscales, debe ser un punto final en la gramática de la corrupción y ejemplo magistral para el resto de la institucionalidad del Estado.
Ha de haber sido una decisión muy difícil pero a la vez también muy fácil para el fiscal Melara; difícil porque no se trata de personas extrañas a la institución sino de personas que de alguna manera han pasado gran parte de su vida en ella, (sin que se sepa cuánto daño le han hecho) y fácil porque es la gran oportunidad que tiene el fiscal para darle contenido a su promesa de erradicar la corrupción, los vicios y los malos procedimientos de la FGR, así como la de corregir las injusticias cometidas en nombre de la institución.
La sociedad percibe que con el fiscal Melara no se repetirán los abusos y las ilegalidades que se cometieron durante la gestión de Meléndez y, mucho menos, de que se pueda repetir la estratagema del ex fiscal Meléndez, mediante la cual, a principio de año, se burló de la justicia y de todas nuestras leyes.
La estratagema de Meléndez consistió en fingir interés porque los fiscales y administrativos, acusados públicamente de utilizar procedimientos fraudulentos, (uso inadecuado e ilegal de intervenciones telefónicas, testigos criteriados, falsedades ideológicas y materiales y privación de libertad), en la investigación del caso “Rais-Martínez”, fuesen juzgados conforme derecho para responder por sus delitos pero no fue. Lo que hizo fue ordenar judicial “exprés” a fin de que los imputados pudieran ser sobreseídos en la audiencia inicial. Así lo solicitó la representación fiscal y así lo resolvió el juez de Paz que conoció de la causa.
La única explicación para ese desatino es que, de haber sido procesados esos fiscales, cualquier juez hubiese declarado la nulidad del caso Rais-Martínez, lo que no podía permitir Douglas Meléndez.
De nada sirvieron las denuncias de hechos probados ante organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.
Esperamos que cuando lleguen a los tribunales las manzanas podridas que obligaron a sus compañeros a mentir en el caso corruptela, ahí esté el Fiscal General de la República, como garante de que ahora la FGR es otra cosa.
El fiscal Melara tiene en sus manos la forma de evitar que se manipule la judicialización del caso. En primer término tiene que romper las vinculaciones o “espíritu de cuerpo” que existen al interior de la FGR, con las que se protegen quienes en vez de investigar para buscar la verdad, corrompen el sistema inventando pruebas para construir casos.
Para ello es necesario que rompa ese círculo de que el fiscal no se entera de lo que ocurre en la FGR sino hasta que hay un reclamo.
El fiscal Melara tiene de sobra personas honorables que pueden fungir como fiscales independientes en casos controversiales, sacando de los mismos a los auxiliares o a los jefes de unidades especializadas que han sido denunciados; firmar él mismo los requerimientos y si es posible, presenciar personalmente el desarrollo de las audiencias a fin de que no le hagan de chivo los tamales. No hacerlo será como fortalecer ese círculo vicioso que tanto desprestigio ha traído a la Fiscalía General de la República.
El fiscal Raúl Melara debe quitar toda la escoria que tienen los casos Rais- Martínez, Gumarsal, y “Chepe Diablo”. Solo así podrá llegar al fondo de la verdad material en la que hay millones de dólares de por medio.
Más que a los imputados, a los que hay que ponerles el ojo es a los que se han enriquecido a la sombra de esos casos.
Quiénes son los empresarios que se beneficiaron con poner fuera del mercado harinero a los parientes y familiares del señor Umaña o Chepe Diablo como le dicen.
Quiénes son los que se benefician con mantener a Enrique Rais lejos o a Luis Martínez en la cárcel; averigüe quién es el periodista que pidió a “Chepe Diablo” la bicoca de doscientos cincuenta mil dólares, llegando al colmo de ofrecerle a través de correos electrónicos “facilidades de pago”.
Si el fiscal Melara toma personalmente la dirección de las investigaciones y procesamientos contra esos fiscales a los que llama “manzanas podridas”, estamos seguros que la FGR le estará agradecida como nunca lo ha estado con otro fiscal. Si no lo hace, no nos quedará más remedio que ver cómo el cáncer crece hasta convertirse en terminal.
