Agencia Central de Noticias (ACN) – Un puñado de personas del pueblo indígena Xinca de Guatemala se hizo presente en las afueras de la Corte de Constitucionalidad para demandar el cese definitivo de las operaciones de la mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc., según ellos debido al «grave» daño causado al medioambiente en varias regiones del departamento sudoriental de Santa Rosa.
Apenas un puñado de pobladores Xincas llegaron a la capital, por instigación del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), organización no gubernamental financiada por intereses extranjeros y nacionales con el objetivo de cerrar permanentemente la fuente de trabajo de decenas de miles de guatemaltecos y se concentraron en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, donde pretendieron manipular a los magistrados para la salida de la empresa del país.
Un vocero de los revoltosos advirtió que mientras permanezca la empresa en San Rafael «no vamos a levantar los plantones”, que mantienen en las afueras de la mina.
Al grito de «fuera la mina San Rafael», los pocos Xincas manifestantes exigieron a las autoridades sentenciar a favor de sus intereses y los de CALAS.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de manera temporal la licencia de operaciones de la mina el pasado 22 de junio al otorgar un amparo provisional al CALAS, quienes cobran a los indígenas Xincas por diversas asesorías, haciendo del asunto un negocio muy lucrativo.
Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones, según esa resolución judicial.
Las plantas extractoras cuyas licencias han quedado de manera temporal sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa; Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.
Esa decisión, con todos los visos ilegal y contraria a la Constitución de Guatemala, ha sido apelada por la empresa ante la CC.
Una de las partes más interesadas, el director de CALAS, Rafael Maldonado, manifestó que la minera San Rafael es una empresa que «contamina el ambiente»
De acuerdo a una investigación del matutino elPeriódico, el abogado de CALAS, Rafael Maldonado negoció comisiones de vecinos de San Rafael Las Flores en el que se cobra Q20 mil por la comisión de ventas y la estrategia jurídica para pedirle a la mina San Rafael el pago de US$100 dólares por metro cuadrado por los terrenos de los pobladores de La Cuchilla.
Al mismo tiempo, el abogado Maldonado, al buscar el cierre de la empresa y por lo tanto la incapacidad de pago a los indígenas Xincas, estaría cometiendo un delito al cobrar por una estrategia que no podría realizarse en los juzgados respectivos, según expertos consultados por ACN.
La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), ha advertido de la pérdida de más de 445.000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos al año si la CC decide suspender las operaciones de hidroeléctricas y mineras en Guatemala.
