Los cálculos oficiales dicen que en Latinoamérica habitan 660 millones de personas. Pero podrían ser 34 millones más, ya que ese es el número de ciudadanos que se calcula que no tienen acta de nacimiento que certifique que existen y pueden ejercer con sus respectivos deberes y derechos.
Lo mismo sería decir que la región aumentaría su población en un 5,1%, una cantidad similar a la de Perú (32,1 millones) o Venezuela (31,9 millones) y superior a las de Chile (18 millones), Ecuador (16,6 millones) y la mayoría de países latinoamericanos con excepción de México, Brasil, Argentina y Colombia.
Esas 34 millones de personas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son invisibles ante las estadísticas oficiales, es decir, no cuentan con un registro que les permita ejercer sus derechos civiles, como el acceso a la educación, a la salud, al voto.
Los países más afectados
Pero lejos de ser invisibles, ellas representan para los países una carga difícil de llevar, en especial para aquellos que más fallan en este proceso de registro.
Según el BID, el 20% de la población en Paraguay carece de documentación. Le siguen Bolivia (19%), Guatemala (17%), Nicaragua (14%), Haití y Venezuela (13%).
Entre los países más habitados, Brasil posee el 7% de población indocumentada, México el 3%, mientras que Argentina, Colombia y Perú no tienen personas en esta situación, siempre de acuerdo con las cifras del Banco.
“La mayoría de las personas son registradas mediante una acta de nacimiento en el mismo centro de salud donde nacieron o pocos días después en un registro civil. Sin embargo, para algunas realizar este proceso presenta muchas dificultades. Las barreras varían en cada país, aunque la mayoría provienen de comunidades de escasos recursos en zonas aisladas, tienen padres que también carecen de registro o que pertenecen a grupos indígenas”, señala el BID en su programa Los ciudadanos invisibles de América Latina, con el cual ha apoyado acciones en diversos países para mitigar este fenómeno.
“Hemos apoyado diversos proyectos para fomentar el registro de personas en varios países de la región, entre ellos Perú, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá y Guatemala. A través de estas acciones hemos contribuido a que la tasa de subregistro de nacimiento disminuya en un 6%. Tan solo en Ecuador, una de nuestras operaciones logró reducir la tasa de subregistro de hasta un 20% en la población adulta en 2006 a 2,5% en 2016”, señala el organismo.
El derecho a la identidad, de hecho, forma parte de uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que a 2030 “todos los ciudadanos deberán contar con una identidad jurídica, incluido el registro de nacimiento”.
Unicef también ha apoyado en los años recientes iniciativas en los países de América Latina encaminadas a reducir la brecha del registro universal de nacimiento.
“Entre las iniciativas que se han llevado adelante en la región se pueden mencionar el establecimiento de servicios de registro civil en los hospitales públicos, la eliminación de costos, el desarrollo de políticas públicas que hacen la conexión entre el registro de nacimiento y el acceso a mecanismos de protección social, y campañas masivas de información”, reporta un informe de la entidad de 2016.
Entre 2010 y 2015, dice Unicef, 94% de niños menores de 5 años en 24 países de la región fueron registrados; 3.2 millones no fueron registrados.
Entre algunos datos adicionales, hubo algunos preocupantes, como que uno de cada cuatro niños latinoamericanos que no tenían acta de nacimiento vivían en México, y que el nivel más bajo de registro de nacimiento para la región se encuentra en Bolivia (entre el 76% y 84%).
El impacto en las economías
No tener un registro oficial de nacimiento va más allá de no contar con un simple papel que “legalice” la existencia de una persona. Esto impacta en muchos aspectos como, por ejemplo, en el sector de la salud. El BID calcula que a los niños sin documentación se les administra, en promedio, hasta un 13,9% menos vacunas para combatir enfermedades mortales o que causan daños importantes a la salud como la difteria, tuberculosis, tos ferina, polio, sarampión o tétanos, en comparación a una persona con registro. Como consecuencia, los gobiernos luego tienen que asumir los costos que se cargan a los sistemas de salud.
