Las pandillas han puesto el pasado fin de semana en aprietos las medidas de combate al COVID-19 y dejaron en ridículo la estrategia de seguridad del Gobierno al perpetrar 58 asesinatos en 72 horas en una muestra de fuerza y control del territorio.
La actuación de las bandas delincuenciales es característico de las organizaciones responsables de cometer la mayoría de homicidios en el país, por lo que es considerado uno de los más violentos del mundo.
La escalada violenta, que no tenía precedente durante el Gobierno de Nayib Bukele, presenta dos posibles resultantes, que en ningún momento es malagueño al Ejecutivo.
Las autoridades decidieron aislar de inmediato a los pandilleros que se encuentran en prisión, ya que fueron señalados de orquestar los ataques. Además en una reacción poco convencional, el mandatario decidió autorizar a policías y soldados para el uso de la «fuerza letal».
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó a periodistas que el viernes se registraron 24 muertes violentas, 12 el sábado y 22 el domingo, haciendo un total de 58 asesinatos.
Los huecos en el plan de «control territorial»
El repunte de la violencia homicida supone un golpe doble para el Ejecutivo de Nayib Bukele al mermar las fuerzas destinadas a la vigilancia de las medidas de confinamiento generalizadas por la pandemia del COVID-19 y al desnudar posibles huecos en su plan de «control territorial».
«Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos», manifestó Bukele en redes sociales el domingo.
Agregó que la Policía y la Fuerza Armada «deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados», sin precisar la cantidad de elementos que se destinarán a tratar de frenar la escalada de violencia.
El Gobierno dispone de unos 23.000 policías y más de 7.000 soldados en las calles para combatir la violencia, por lo que es, en alguna medida, inexplicable el libre movimiento de asesinos por las calles para cometer los ilícitos y que las autoridades no les hayan detectado.
Inicialmente, las autoridades de seguridad señalaron que la pandemia del COVID-19, que se ha cobrado la vida de 8 personas en el país, contribuyó a una sensible reducción de homicidios de marzo, que cerró con 65 asesinatos.
«Es, por mucho, la cifra más baja desde que El Salvador tiene registros», dijo Bukele el 1 de abril pasado, mientras que el director de la Policía, Mauricio Arriaza, señalaba días antes que el COVID-19 contribuía a la caída de la violencia.
Ningún funcionario, ni el propio Bukele, han señalado cuál es la razón que ha llevado a las pandillas a elevar la cifra de asesinatos en este corto tiempo. Mucho menos queda clara el cambio de opinión de estas bandas que exigieron bajo amenazas de muerte a los habitantes de las zonas que controlan respetar la cuarentena.
Tampoco se conoce si estos asesinatos son la materialización de dicha amenaza.
Asesinatos con toda la fuerza estatal desplegada
Para Celia Medrano, directora de programas regionales de la organización de izquierda (pro FMLN), Cristosal, estas cifras de homicidios «marcan una situación que desmiente la efectividad de la disminución de las acciones de grupos de pandillas y crimen organizado» atribuidos al gubernamental plan de «control territorial».
Apuntó, en declaraciones a periodistas, que «cuestionan si en realidad el control de estos grupos a nivel territorial logro disminuirse», dado que fueron capaces de cometer estos homicidios con la gran mayoría de la población confinada y toda la fuerza estatal desplegada.
Medrano también criticó que las medidas tomadas inicialmente por Bukele para contrarrestar esta alza se centra en las cárceles al ordenar estados de emergencia para aislar a los pandilleros presos y «bajo la humillación» mediática.
«Será muy difícil que estas acciones pudieran bajar este nivel, puesto que queda evidenciado que el control territorial y accionar de las pandillas no se ha visto mermado, pese a que oficialmente ello se haya informado como resultado del plan control territorial», concluyó.
Las mismas medidas de siempre
Para diversos sectores, la estrategia de seguridad del actual Gobierno es una incógnita, dado que retoma medidas utilizadas por sus antecesores y ha conseguido, según la propaganda del Gobierno, mejores resultados.
En la actual coyuntura el presidente Bukele ordenó dos medidas similares a las tomadas por el último gobierno de sus adversarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para combatir a las pandillas: el endurecimiento del régimen carcelario y el enfrentamiento directo.
La primera acción tomada por Bukele la noche del viernes fue ordenar una «emergencia máxima» en la prisiones a raíz de la «información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí».
El domingo dijo que «el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños» y que el Gobierno se encargaría de la defensa de quienes fueran acusados por seguir esta instrucción.
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) implementó las llamadas «medidas extraordinarias» en las cárceles, que en la práctica eran un endurecimiento del régimen al igual que el ordenado por Bukele.
Sánchez Cerén también aplicó una medida de confrontación directa con las pandillas tras la caída de una tregua entre estos grupos auspiciada por su antecesor, Mauricio Funes (2009-2014), y en su marco se registraron los índices de violencia más altos de la historia reciente del país y supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Alerta internacional ante acciones de Bukele
Antes de la escalada de asesinatos, diversos organismos internacionales pusieron los ojos en este país a raíz de las confrontaciones entre Bukele, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El jefe de Estado decidió no acatar un fallo del Supremo que le prohíbe detener y confinar a quienes supuestamente se salten la cuarentena, también publicó un tuit de supuestas sospechas de COVID-19 entre los diputados, con el objetivo de callarlos y detener una sesión plenaria que lo ponía en apuros y que fue tomado como un ataque por los legisladores.
«Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo», sostuvo el presidente en un mensaje similar a los usados en otras coyunturas, siempre ofensivo a sus contrincantes.
Los conflictos con los órganos de Estados, que incluyen la irrupción con militares y policías armados en el Congreso en febrero pasado, le han acarreado a Bukele duras críticas en las redes sociales y hasta etiquetas en las que lo llaman «dictador».
Medios internacionales como El País de España, el Wall Street Journal de Estados Unidos, Deutsche Welle de Alemania, BBC de Londres y otros ya han salido del «encantamiento» de Bukele y critican abiertamente un populismo abusivo que podría llevar a El Salvador a una situación de abusos y manejos de los cuerpos de Seguridad que unas pocas décadas atrás llevaron al país centroamericano a una guerra civil que dejó más de 80 mil muertes y un sistema político-económico desbaratado.
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Con información de EFE y Agencia Digital de Noticias -ADN-
