Las elecciones en El Salvador dejaron de ser una cita entre partidos y electores para convertirse en un triángulo que incluye a las pandillas, las que buscan repetir un «affaire» con las formaciones políticas en 2018 y 2019, según denuncias de las autoridades de Seguridad.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a inicios de octubre a 5,2 millones de salvadoreños para elegir a diputados y alcaldes en marzo de 2018, cita en la que la influencia de las pandillas se evidencia más que en anteriores comicios.
Desde mediados de año, las principales autoridades de Seguridad advierten sobre las intenciones de estas bandas de establecer alianzas con los partidos o candidatos para hacerlos ganar con sus votos a cambio de ablandar las medidas de seguridad, especialmente las «extraordinarias» lanzadas en 2016 y vigentes hasta 2018. .
Esas medidas incluyen el endurecimiento del régimen carcelario para los pandilleros y la puesta en marcha de un comando elite de 1.000 agentes que ha dado caza a las columnas armadas en la zona rural.
«Tenemos conocimiento que, en parte de las estructuras de pandillas, hay planes de acercamiento, de establecer coordinación con algunos de los candidatos a cualquier cargo de elección pública», señaló el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en julio pasado.
Añadió que el combo ofertado por las bandas no solo incluye la simpatía en las urnas de sus miembros, sino también «a través de la amenaza o la violencia», ahuyentar los votantes de sus contrincantes.
«!Mucho cuidado¡, porque entonces estamos ante una situación más grave todavía y es que los procesos democráticos y el sistema de elección que impera en El Salvador se ve afectado por el crimen organizado», subrayó.
Recientemente, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que «sería demasiado inocente pensar que estos grupos criminales no van a coquetear con los políticos».
A la información sobre esta amenaza de «simbiosis» entre políticos y pandilleros se suman los casos conocidos de diversos alcaldes procesados por dar supuestamente prebendas a ‘mareros’ que los votaron.
El edil de la localidad central de Apopa, José Elías Hernández, fue arrestado y se mantiene preso desde junio de 2016 por supuestamente financiar y colaborar con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) para ganar la alcaldía en 2015 y disminuir los índices de violencia en la zona.
Ese mes también fue detenido el alcalde de la localidad de Usulután, Miguel Ángel Jaime, por financiar con impuestos recaudados a tres células de la MS13 a cambio de los votos en las mismas elecciones, según la Fiscalía General de la República (FGR).
El escenario se percibe más si se toman en cuenta los antecedentes de reuniones entre representantes de los dos principales partidos, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con líderes de pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.
Dos vídeos difundidos en 2016, cuya veracidad no fue refutada por sus protagonistas, muestran al diputado de ARENA y virtual candidato a la alcaldía de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y al actual ministro de Gobernación, Arístides Valencia, reunidos con pandilleros.
La guinda a la tarta la puso un líder del Barrio 18 identificado como «Nalo de Las Palmas», quien en un juicio contra los operadores de una tregua entre las pandillas (2012-2014) declaró que estos partidos pagaron 350.000 dólares a cambio de votos en los comicios de 2014.
De los cinco candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales del 2 de febrero del 2014, ninguno alcanzó los votos necesarios para ganar la presidencia, por lo que Sánchez Cerén, del FMLN, y Norman Quijano, de ARENA, se fueron a un balotaje en marzo del año, en el se impuso el primero, por apenas 6 mil votos.
A estos antecedentes y acusaciones se suma el silencio del Tribunal Supremo Electoral, reafirmado a inicios de octubre, por el magistrado de la institución Fernando Argüello, quien dijo a periodistas que sobre el señalamiento de fraude electoral de ARENA y FMLN «no vamos a resolver nada».
Si los partidos y políticos mantienen esta conducta, parece que en el futuro no solo se les atribuirán a las pandillas los asesinatos, que colocan al país como uno de los más violentos del mundo, sino que también, aunque sea de una manera relativa, la conducción del Estado.