En los últimos tres años, varios expresidentes de América Latina han sido acusados, condenados, encarcelados o declarados prófugos de la justicia por diferentes casos de corrupción. Los casos más recientes ocurrieron a principios de mes cuando, en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio en prisión; mientras, en Perú, Ollanta Humala está en prisión preventiva al ser acusado por la Fiscalía de lavado de dinero por el caso Odebrecht y en El Salvador, Mauricio Funes Cartagena se ha asilado en Nicaragua para huir de la justicia por investigaciones de al menos 6 delitos.
En Brasil, los cinco expresidentes vivos tienen cuestionamientos por la operación Lava Jato (lavado de autos).
Lula (2003-2010), quien dejó la presidencia con 87 por ciento de aceptación, es figura central de Lava Jato. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta cinco procesos derivados del caso por delitos como corrupción o lavado de activos.
Luiz Inácio Lula da Silva y su heredera, Dilma Rousseff.
La investigación también ha puesto contra las cuerdas a su heredera Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público de Brasil investiga a la única mujer que ejerció la presidencia en el país por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como por nombrar ministro a Lula, poco antes de que fuese destituida. Días atrás, la constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff del 2010 y 2014.
José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir sobornos. En 2015, un exfuncionario brasileño aseguró que líderes del PMDB, el partido al que pertenece, recibieron sobornos. Entre ellos, estaba el exmandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario de coimas por la construcción de un ferrocarril, según el diario O Globo.
Fernando Collor de Mello (1990-1992) ya fue denunciado por la procuraduría brasileña. El político, sometido a un proceso de “impeachment” (juicio político) en 1992, es acusado de haber recibido más de 8 millones de dólares en efectivo y por depósitos por haber influido en contratos firmados por una subsidiaria de Petrobras.
La constructora Odebrecht además señaló que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998.
El Salvador
Los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca.
Funes, Saca y Flores acusados de corrupción
Elías Antonio Saca, presidente de El Salvador (2004-2009), fue detenido en octubre de 2016 por orden de la Fiscalía General junto con otras seis personas, por presunta corrupción.
Saca está acusado de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero.
Saca ya enfrentaba, desde comienzos de 2016, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de dólares.
Otro caso que involucra a El Salvador es el de Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 1999 y 2004, falleció el 30 de enero de 2016 a los 56 años. En diciembre de 2015, fue enviado a juicio por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Flores estaba bajo arresto domiciliario desde octubre de 2014 y pasó en ese momento a estar recluido en una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Se le acusaba de haberse quedarse con unas donaciones del Gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares que estaban destinados a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por terremotos en El Salvador.
El exmandatario siempre se declaró inocente de los cargos en su contra. En junio pasado, sin que hubiera condena legal alguna, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República inició el embargo de nueve propiedades de la familia Flores, quien cuando murió no había recibido todavía una sentencia. La familia de Flores se ha defendido diciendo que las fincas, terrenos y casas embargadas son bienes heredados y a pesar de ello la Fiscalía intenta despojarlos de sus legítimos bienes.
Mauricio Funes y su entonces esposa, la brasileña Vanda Pignato.
Mauricio Funes Cartagena el primer presidente por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se encuentra asilado en Nicaragua, huyendo de la justicia salvadoreña.
Funes Cartagena y su entonces esposa, señora Vanda Pignato, actualmente Secretaria de Inclusión Social del segundo gobierno exguerrillero, habrían recibido del expresidente brasileño y principal dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, al menos un millón y medio de dólares, para financiar su campaña electoral, como candidato del partido FMLN.
Además, exdirectivos de la constructora Odebrecht, han confirmado que esa “ayuda” para la campaña presidencial de Funes, trajo como consecuencia que éste, una vez investido de su alto cargo, otorgara la construcción de la presa hidroeléctrica “El Chaparral”, que nunca terminó de construirse, pero que significó para el Estado pagar millones de dólares precisamente a una empresa ligada a esa red de corruptela.
El Ministerio Público salvadoreño está investigando al expresidente por cinco delitos que podría haber cometido durante su administración en el período 2009-2014.
Los cinco delitos son peculado (desvío de fondos públicos), enriquecimiento ilícito, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.
Perú
El expresidente Ollanta Humala se encuentra en prisión preventiva en su país.
En el caso de Perú, hay tres expresidentes vinculados a Lava Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Toledo (2001-2006) es el que tiene la situación más complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra la corrupción, actualmente es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, la vía que une al Perú con Brasil. Como parte de la investigación, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo.
Alan García, el sucesor de Toledo en la presidencia, es investigado por la Fiscalía por las coimas de Odebrecht, aunque de forma preliminar. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que exfuncionarios de su segundo gobierno (el primero fue de 1985 a 1990) están encarcelados, reseñó el diario el Comercio.
Ollanta Humala (2011-2016) es otro exmandatario en una situación complicada. En su delación, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía entregó 3 millones de dólares para la última campaña presidencial de Humala. Justamente, la Fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los aportes que recibió en las campañas electorales de 2006 y 2011.
En todos los casos, tanto los expresidentes brasileños como sus similares peruanos han rechazado o negado categóricamente todas las acusaciones en su contra.
Colombia
Juan Manuel Santos.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes anunció que iniciará, de manera preliminar, una investigación contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por la presunta financiación de la constructora Odebrecht a la campaña Santos presidente en 2014.
La apertura de esta investigación se realiza a raíz de la denuncia interpuesta por Álvaro Hernán Prada, senador del Centro Democrático, quien en su momento había advertido del ingreso de 1 millón de dólares a la campaña del primer mandatario.
Con esta decisión se busca averiguar si Santos cometió una falta disciplinaria o participó en algún delito.
Costa Rica y Nicaragua
Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica (1990-1994)
El expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se encuentra con arresto domiciliario, acusado de recibir millonarios sobornos por parte de la transnacional francesa Alcatel, del Gobierno de Taiwán y de la compañía española Inabensa.
Otro expresidente, Rafael Ángel Calderón (1990-1994), fue imputado por la Fiscalía en el pago de “comisiones” por un préstamo de 29 millones de dólares del Gobierno de Finlandia a la Caja Costarricense de Seguro Social.
El Congreso de Nicaragua analiza una solicitud de la Contraloría General de destituir al presidente Enrique Bolaños (1990-1994) por negarse a explicar el origen y el destino de más de 300.000 dólares recibidos durante la campaña electoral de 2001.
Otro expresidente, Arnoldo Alemán (1997-2002), permaneció bajo arresto domiciliario y luego fue absuelto de uno de los cargos de corrupción que pesaban en su contra por desvío de fondos públicos.
Guatemala
Otto Pérez Molina.
El 3 de septiembre de 2015, el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina presentó su renuncia ante el Congreso, que la aceptó con 116 votos a favor, cero en contra y 42 ausentes.
Lo hizo luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra por delitos de corrupción en un caso conocido como La Línea.
El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad lo acusaron de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Pérez Molina ingresó en prisión después de renunciar a la presidencia.
A finales de julio de 2016, Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron ligados a un proceso penal por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusa de dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado guatemalteco entre 2012 y 2015. La red ha sido denominada “cooptación del Estado”.
Pérez Molina fue acusado de administrar el equivalente a casi 38 millones de dólares por comisiones ilícitas cobradas a contratistas. El expresidente siempre ha negado los cargos.
Panamá
Ricardo Martinelli.
El 7 de julio pasado, un juez federal estadounidense decidió que no concederá libertad bajo fianza al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, mientras estudia la solicitud de extradición presentada por Panamá, pues considera que podría fugarse.
Martinelli fue detenido el 12 de junio pasado en Miami y tiene una audiencia programada en esa ciudad para el próximo 25 de julio. A Martinelli se le investiga en Panamá, entre otras cosas, por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno. Las supuestas escuchas ilegales habrían sido a más de 150 personas durante su mandato entre 2009 y 2014.
El exmandatario enfrenta junto cinco casos más por presunta corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Martinelli siempre ha negado las acusaciones y ha dicho que corresponden a una persecución política.
En octubre 2015, el Fiscal de la Corte Suprema de Panamá solicitó la apertura del juicio oral contra Martinelli, quien perdió su fuero penal en abril de 2015.
Honduras
Rafael Callejas espera su juicio en Estados Unidos
Rafael Leonardo Callejas.
El 28 de marzo de 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) se declaró culpable de participar en los sobornos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) cuando dirigía el fútbol de su país.
Es uno de los acusados de haber recibido sobornos a cambio de los derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos.
Callejas admitió en Estados Unidos su culpabilidad por cargos de crimen organizado y fraude electrónico.
El también expresidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre 2002 y 2015 es uno de los 42 individuos a quienes se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en supuestos sobornos a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos.
El expresidente Callejas está actualmente detenido en Nueva York a la espera de su juicio. La pena máxima que podría afrontar Callejas es de 20 años de cárcel.
Callejas ya se había visto implicado en casos de corrupción supuestamente cometidos durante sus años de gestión gubernamental, pero fue finalmente exculpado en los tribunales en 2009.
El exdirigente, que cuando se destapó el escándalo en la FIFA ejercía como miembro de la Comisión de Mercadotecnia y Televisión de la Fenafuth, fue presidente de la federación de su país durante 12 años, hasta agosto de 2015.
Argentina
Fernández es investigada por lavado de activos
Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la exmandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por el expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Menem además tiene dos condenas de cuatro y siete años de prisión, que todavía no son firmes.
Fernández, en cambio, no tiene condenas pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su pensión de expresidenta de Argentina.
El 30 de junio, un juez ordenó que se designe a dos profesionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (Afip) como “veedores” de la empresa Hotesur, propiedad de Fernández, en el marco de una investigación por lavado de activos.
Esta decisión del magistrado federal Julián Ercolini se enmarca en uno de los expedientes por presunta corrupción que afectan a la exjefa de Estado, que trata determinar si hubo supuestos retornos económicos a la familia Kirchner por parte de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez a través de la contratación de instalaciones de hotel Alto Calafate, que gestiona la hotelera Hotesur.
La investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida “desde las más altas autoridades” del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego por Fernández, su esposa, que gobernó de 2007 a 2015.
