La Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» -UCA- aseguró en un reporte digital que los 17 adultos mayores muertos en el asilo Sara Zaldívar fallecieron por una decisión de funcionarios del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).
Según una conversación entre una doctora y un médico empleado del ISRI, se puede observar que hubo «desorden en la atención de adultos mayores en el Asilo Sara Zaldívar, que no hubo un plan de atención y que la presidenta del ISRI, Ligia Gallardo, no hizo nada por corregir la situación».
La nota asegura que un documento procedente del ISRI daba la orden de mantener a los adultos mayores en el área de aislamiento y de no referirlos a los centros hospitalarios, “porque era mejor que se murieran ahí a saturar los hospitales”, dice el mensaje, que fue corroborado por la doctora quien conversó con YSUCA. “Donde manda capitán, no manda marinero”, es la justificación del médico quien deja ver que la orden vino de arriba.
Hace una semana los médicos coincidieron en un hospital privado y de nuevo surgió la conversación. Ahí le reconfirmó el mensaje enviado semanas antes. “Él me manifestó de forma verbal que la orden era que los ancianitos pasaran al área de aislados y que ahí se les iba a dar cuidados y que ahí se iban a morir”.
El médico del ISRI tiene un puesto alto dentro de la institución y aspira a uno mayor, confirmó la doctora, sin entrar en detalles. Es muy allegado a las autoridades del Asilo Sara. Estuvo en el centro y tuvo a cargo varios pacientes.
En la conversación que ambos sostuvieron, el médico le confirmó que aún conserva el documento digital que le enviaron del ISRI, donde le dieron la orden de no transferir a los pacientes, pero le dejó entrever que el documento lo podía usar a su conveniencia contra las autoridades del ISRI, en caso de ser necesario.
La doctora asegura que decidió compartir las capturas de los mensajes ante la indignación que le provocó el caso. “Lo que parece indignante ya no es el nivel de contagio, sino el que no se les haya brindado la atención oportuna, porque aunque sea para morir debían morir dignamente”. Como médico sabe que existen los cuidados paliativos a un adulto mayor y que ante el hecho de estar infectados con el coronavirus merecían la atención.
Según la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor entre los derechos fundamentales de los adultos mayores están ser atendido con propiedad, para el goce y ejercicio de sus derechos y recibir asistencia médica en forma oportuna y eficaz.
El artículo 12 es más claro y dice que “las personas adultas mayores deberán recibir oportuna y eficazmente todas las formas de tratamiento que necesiten con miras a prevenir complicaciones y deficiencias funcionales, nutricionales y restablecer la salud, y a rehabilitar las deficiencias y discapacidades que hayan podido producirse”. Pero en el caso del Asilo Sara la ley se quedó en papel, ya que la unidad de aislados no tenía las condiciones para atender a los adultos mayores, no había oxígeno. Se podía atender a pacientes asintomáticos, pero no en condiciones críticas. La doctora conoce bien el caso, pues una familiar trabajaba en el centro cuando ocurrieron los contagios.
La doctora cuestiona la falta de diligencia del empleado del ISRI y considera que el deber ser de un médico es velar por sus pacientes. “Él tenía a su cargo un número de pacientes, sin importar las ordenes de arriba, uno tiene que hacer lo correcto”.
El 12 de junio diputadas del FMLN presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República y solicitaron investigar las muertes y contagios en el centro de cuido al adulto mayor. Las denunciantes creen que pudo haberse cometido el delito de “omisión del deber del socorro”, sancionado en el artículo 175 del Código Penal.
Cuatro días antes, el 8 de junio el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar pidió al ministro de Salud, Francisco Alabí, verificar “de forma urgente la condición de salud de la población mayor en el Centro de Atención de Ancianos Sara Zaldivar, priorizando para el caso el acceso a las pruebas de Covid-19, incluyendo a trabajadores del centro, al tratamiento oportuno, al acceso a medicamentos y a los cuidados paliativos necesarios a las personas mayores”.
El plazo para que el ministro diera un informe se cumplió el 11 de junio. Hasta la fecha se desconoce si la Fiscalía investiga el caso y si la Procuraduría recibió la información solicitada por el ministro de Salud sobre la condición de los adultos mayores.
Las muertes en el Asilo Sara Zaldívar parecen, ahora, más claras. No solo fue negligencia, fue falta de voluntad. El fin era no saturar los hospitales, aunque eso significara 17 vidas menos. Vidas de adultos mayores que merecían un trato digno, un trato humano a pesar de su condición de abandono en un asilo.
“Mensajes enviados vía WhatsApp son parte de una conversación entre la doctora y un médico empleado del ISRI que dejan ver que hubo desorden en la atención de adultos mayores en el Asilo Sara Zaldívar…”
Conversación parte 1 – captura de pantalla
