Juzgado de Instrucción autoriza seis meses de investigación judicial contra Funes
La Fiscalía informó que el plazo concluirá el próximo 7 de febrero de 2019 y que el Juzgado Quinto de Instrucción, que conoce la causa penal, también ordenó trasladar a diferentes prisiones a 6 de los imputados detenidos en junio pasado.
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador autorizó el sábado a la Fiscalía General de la República un plazo de 6 meses para realizar una investigación judicial contra el expresidente Mauricio Funes (FMLN 2009-2014) y otras 31 personas en un proceso por la malversación de más de 351 millones de dólares.
La Fiscalía informó que el plazo concluirá el próximo 7 de febrero de 2019 y que el Juzgado Quinto de Instrucción, que conoce la causa penal, también ordenó trasladar a diferentes prisiones a 6 de los imputados detenidos en junio pasado.
«El juzgado autorizó además el plazo de instrucción solicitado por la Fiscalía para continuar y fortalecer las indagaciones», señaló la entidad estatal.
Entre los detenidos se encuentra Miguel Menéndez, exfuncionario y uno de los principales empresarios de seguridad privada del país, acusado de ser el segundo al mando de la estructura supuestamente montada por Funes para desviar los fondos.
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, Funes y Menéndez encabezaron una estructura que sustrajo más de 351 millones de dólares a ocho cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.
Entre los procesados se encuentran la exprimera dama y actual secretaria de Inclusión Social del Gobierno, Vanda Pignato, dos de los hijos de Funes y su actual cónyuge, estos últimos se encuentran asilados en Nicaragua junto al ex jefe de Estado.
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Elías Antonio Saca (2004-2009) y Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.
Saca enfrenta desde el pasado 7 de agosto un «juicio abreviado», en el que confesó el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares a cambio de recibir una pena mínima de 10 años de prisión.
