Los obstáculos legales contra la agresiva política migratoria trumpista continúan. Este 4 de junio, el juez de distrito James Boasberg ordenó a la Administración liderada por el presidente, Donald Trump, asegurar el proceso de apelación a cientos de migrantes venezolanos que fueron expulsados con rumbo a El Salvador.
«Ahora, pruebas importantes han salido a la luz indicando que muchos de los sepultados en la CECOT no tienen conexión con la pandilla y, por tanto, languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas», expresó Boasberg en su fallo, compuesto de más de 70 páginas.
El juez otorgó al Gobierno federal un plazo de una semana para «entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad para pedir un recurso de habeas corpus», en referencia a los cientos de personas que fueron expulsadas de Estados Unidos y que hoy están recluidos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), megacárcel en El Salvador.
El centro de la disputa entre Boasberg y Washington emana del uso trumpista de una ley creada en tiempos de guerra. El 14 de marzo, el mandatario estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, formulada en 1798, para materializar la expulsión exprés de personas migrantes de origen venezolano a las que acusaba de pertenecer al Tren de Aragua, muchas veces sin fundamentos.
Boasberg es el mismo juzgador que ya había bloqueado el uso de la ley durante la primera ronda de vuelos de expulsión, cuando dos aviones estadounidenses habían partido hacia El Salvador, ordenando su regreso. Sin embargo, los aviones ya habían aterrizado y la Administración republicana se desentendió del fallo.
En su razonamiento legal, el juez otorga cierta razón a Washington en el sentido de que, quizás, las personas deportadas si tengan nexos con la banda criminal venezolana. Empero, Boasberg afirma que eso no se puede saber con certeza, «porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar» sus acusaciones.
Por su parte, el abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) – una de las organizaciones que lideran la demanda que llevó al fallo de Boasberg – Lee Gelernt, aplaudió la decisión del juzgador, afirmando que esté último «reconoció que el gobierno no puede enviar gente a un notorio gulag extranjero sin el debido proceso y luego lavarse las manos en la situación».
A pesar del fallo judicial, no está claro cómo los migrantes ya deportados y encarcelados en El Salvador podrían iniciar un proceso de apelación en sus condiciones.
«No tiene autoridad»: la Casa Blanca defiende la política migratoria trumpista
Por su parte, el Gobierno encabezado por el magnate neoyorquino continúa defendiendo el uso de la ley de guerra para impulsar su agresiva política migratoria, mencionando que ni Boasberg – ni ninguna autoridad judicial – tiene la jurisdicción de decidir en «materia de inmigración o seguridad nacional»; dos categorías que, según la Casa Blanca, competen exclusivamente al Poder Ejecutivo
«El juez Boasberg no tiene autoridad para intervenir en materia de inmigración o seguridad nacional, autoridad que recae directamente en el presidente Trump y el Poder Ejecutivo (…) Sus intentos actuales y anteriores por impedir que el presidente Trump deporte a extranjeros ilegales con antecedentes penales suponen una amenaza directa para la seguridad del pueblo estadounidense», sentenció Abigail Jackson, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
Además, la funcionaria que representa la oficina trumpista fue clara: «Afortunadamente para el pueblo estadounidense, el juez Boasberg no tiene la última palabra», mencionó, adelantando, indirectamente, que la Casa Blanca estaría lista para apelar la decisión.
