Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se libró de la cárcel después de que un tribunal resolviera que no es delito tocar los genitales a una niña, sino una falta penada únicamente con una multa.
Según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 18 de febrero, el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia Jaime Escalante tomó de los hombros a una niña de 10 años que jugaba en la residencial Altavista II del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador, y «le tocó la vulva». A continuación, escapó corriendo mientras la madre de la menor le perseguía hasta su vehículo, que es propiedad de la Corte.
La Fiscalía lo acusa de un delito de agresión sexual a un menor o incapaz, contemplado en el artículo 161 del Código Penal de El Salvador, que contempla una pena de entre ocho a doce años de prisión. Sin embargo, el pasado jueves, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador resolvió que los tocamientos del magistrado a la niña no constituyen tal delito, sino únicamente una falta denominada «actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público», regulada en el artículo 392 del Código Penal. Ello sólo conlleva una multa de entre 10 a 30 días por los «tocamientos impúdicos» en aglomeraciones o en lugares públicos. El argumento de la defensa fue que «el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona». La Cámara Penal se declaró incompetente para impartir justicia en este caso, que fue traspasado a un Juzgado de Paz de Tonacatepeque.
Así, a partir de ahora, la Fiscalía debe presentar una nueva acusación en el Juzgado de Paz por una supuesta falta contra el magistrado Escalante, quien perdió la inmunidad el pasado 4 de marzo por estos hechos, tal como decidió la Asamblea Legislativa. Al igual que los políticos, los jueces en El Salvador cuentan con un fuero constitucional que les impide ser juzgados.
No obstante, la Fiscalía ya ha anunciado que apelará la resolución «inesperada» de la Cámara Penal, que en una primera audiencia celebrada en marzo pasado, ya había reducido el delito del magistrado contra la niña. Concretamente, los magistrados consideraron que se le debía acusar no de agresión sexual en menor e incapaz agravada, sino de agresión sexual en menor, al considerar que el magistrado no había cometido el delito contra la niña en su posición de funcionario.
«SALVEMOS A NUESTRAS NIÑAS»
La última decisión judicial es la gota que ha colmado el vaso en El Salvador, donde se ha generado una ola de indignación que, de momento, se ha trasladado a las redes sociales. Una campaña en Charge.Org ya ha recogido más de 12.000 firmas para pedir a la Fiscalía que apele la resolución, con el fin de que el magistrado «enfrente a la Justicia por abusar de una menor». «Salvemos a nuestras niñas. Nuestro país no puede minimizar estos actos asquerosos», reza la petición. Bajo los hastags #TocarNiñasSíEsDelito y #LasNiñasNoSeTocan miles de personas se están mostrando en contra de la resolución, que ha provocado que incluso el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se sume a esta campaña.
Bukele anunció «tres días de comunicados, posturas y protestas por la resolución del caso del magistrado Escalante» y publicó en sus redes sociales el primero de ellos, en el que solicita a la Corte Suprema de Justicia «la investigación de lo actuado por los funcionarios judiciales de la Cámara Primera de lo Penal». Asimismo, anuncia que el Gobierno «analizará la posibilidad de presentar las correspondientes iniciativas de ley, a fin de mejorar el marco de protección de la niñez y adolescencia».
El presidente reconoce que desde que conoció la «posible situación de grave impunidad de las agresiones cometidas en contra de una niña de 10 años, ha sido una profunda preocupación», por lo que garantiza que desde el Ejecutivo, a través de los organismos competentes, «se van a adoptar todas las medidas necesarias para que el caso no quede en impunidad».
Al mismo tiempo, ha anunciado que pedirá el pronunciamiento de Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, especialmente aquellos organismos de protección de la niñez y adolescencia, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que realicen las recomendaciones «para que se adopten las medidas en orden a mejorar nuestro sistema legal e institucional de protección a la niñez».
Por su parte, las organizaciones internacionales que forman la alianza ‘Uniendo fuerzas para poner fin a la violencia contra la niñez’, entre las que se encuentra Save The Children y Aldeas Infantiles, han mostrado su «rechazo total» a la resolución judicial de la Cámara Penal, ya que a 30 años de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, «representa un retroceso para el país».
Estas entidades, entre otras, exigen a la Cámara que «analice y resuelva jurídicamente aplicando la normativa internacional y nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia, para evitar la plena contradicción a la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que «las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual».
Varias organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres han convocado una manifestación el próximo lunes en San Salvador bajo el lema ‘Las niñas no se toca, ni se violan’. «Salgamos de las redes y vamos a la calle», reza la convocatoria en la que aparece la foto del magistrado acusado al que se tacha de «violador».
