La exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, negó haber liderado la estructura de defraudación tributaria y contrabando aduanero conocida como «La Línea», acusación que la llevó a dejar el cargo en mayo de 2015.
La exfuncionaria dijo durante su declaración que la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) «es un mamarracho», por lo que pidió al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, no cometer «el horror» de enviarla a juicio.
Junto al expresidente Otto Pérez Molina, Baldetti está acusada de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera por ser los presuntos líderes de la estructura mafiosa de aduanas «La Línea», con la que hicieron crecer su patrimonio mientras gobernaron el país (2012-2105).
«Esto no es un caso, es una novela lo que le vinieron a contar», dijo la exmandataria frente al juez que ha dirigido el caso desde abril de 2015, cuando el MP y la Cicig lo presentaron a la opinión pública y señalaron la participación del secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, como un cabecilla de la estructura.
Según las autoridades, en el período de mayo 2014 a febrero 2015, al menos 500 contenedores pasaron por aduanas sin pagar aranceles, lo que le generó elevados ingresos a «La Línea».
A decir de la exmandataria, «hay más de 100.000 llamadas» interceptadas en la investigación del MP, pero «no debieron escucharme», pues «una llamada donde esta mi voz, eso es ilegal», dijo al recordar que ella gozaba, como exvicepresidenta, de derecho de antejuicio (desafuero).
En esas comunicaciones telefónicas interceptadas, varios de los interlocutores hacen referencia a Baldetti por otros nombres y apodos, como «la dos», los cuales negó.
«Yo no soy ni la dos, ni la ‘mera’ ‘mera’, ni la dueña de la finca, yo soy Ingrid Roxana Baldetti Elías», expresó.
Los principales testigos que tiene la Fiscalía en contra de los miembros de la red son el propio Juan Carlos Monzón y el empresario Salvador Estuardo González.
Ambos reciben prebendas legales por parte del Ministerio Público por declarar contra los acusados, en el que se considera como uno de los más grandes casos de corrupción destapados en Guatemala y que implica, además de la empareja presidencial, a exfuncionarios de aduanas, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), empresarios y particulares.
Baldetti dijo frente al juez Gálvez que había cometido un error al nombrar a Monzón como su secretario privado, pero que lo había hecho así pues este le había «pedido» el Ministerio de Cultura y Deportes, lo cual evitó porque «era como darle un banco de sangre a un vampiro», pues Monzón «seguramente buscaba asignarse proyectos».
Baldetti también cuestionó al otro colaborador eficaz del MP, Salvador González alias Eco, quien había mencionado en su oportunidad que la exvicepresidenta tenía «caletas» de dinero en sus propiedades.
«¿Cuánto fue lo que Estuardo González me dio a mi?», preguntó Baldetti al juez, y reiteró no haber tenido ni una caleta ni dinero proveniente de la supuesta red de defraudación.
A ambos colaboradores los calificó Baldetti de «los verdaderos cabecillas de la estructura criminal».
Según la acusada, la Fiscalía «no podrá demostrar la supuesta entrega de dinero» a su persona, porque «jamás» le dieron nada y por ello que le pidió al juez «que detenga las medidas de coerción en mi contra, que cancele el presente proceso», pues el MP no podrá «comprobar lo conducente en ningún debate oral y público».
Para finalizar, Baldetti leyó proverbios bíblicos al juzgador sobre «testigos falsos» y «mentirosos» en referencia a los colaboradores de la justicia Monzón y González y un tercero sobre el papel del juez, quien deberá enfrentar «al Señor» al momento de decidir.
Este martes continuará la argumentación de los imputados con la declaración de la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, a quien Roxana Baldetti negó este lunes conocer antes de su nombramiento, realizado tras un proceso en el que, según Baldetti, fue electa por Monzón.
Con base en los argumentos de las partes, el juez Gálvez deberá decidir si envía o no a juicio oral y público a la estructura criminal.
