El Ministerio de Salud de Guatemala anunció el miércoles que hace dos días empezó a realizar pruebas de COVID-19 a migrantes asintomáticos deportados desde Estados Unidos que llegaron en el mismo vuelo en el que se detectó al menos a un infectado.
Cuando arriba un avión, las autoridades les toman la temperatura a los pasajeros, se les entrevista y si presentan síntomas se les traslada a un hospital para realizarles una prueba, explicó Ana Lucía Gudiel, vocera de la entidad.
“Al resto de los pasajeros se les instala en el albergue temporal del aeropuerto”, señaló, y si se determina que no están infectados, se les envía a cumplir cuarentena domiciliar.
Fotografías difundidas el martes dan cuenta de que el albergue instalado por la Cancillería en el Aeropuerto Internacional La Aurora ocupa espacios abiertos donde se han colocado colchonetas de esponja en el suelo, más o menos a metro y medio de distancia cada una, sin servicios médicos. Allí pasan la noche los migrantes mientras se conocen los resultados de sus pruebas.
El presidente Alejandro Giammattei dijo el miércoles en cadena nacional que se ha buscado un nuevo lugar donde los migrantes pasen la noche en mejores condiciones, e indicó que recibieron “ataques” por los lugares donde los colocaron.
El mandatario rechazó las exigencias de quienes quieren que se levanten las restricciones.
“Si en este momento levantáramos las restricciones, quiero informarles que el cálculo de daños colaterales serían 17.751 muertos y más de 300.000 casos en los próximos 12 meses”, explicó.
El presidente también denunció que organizaciones locales de vecinos en Quetzaltenango, al occidente de la capital, se organizaron para intentar quemar a los migrantes deportados desde México, acusándolos de estar contagiados, pero dijo que no lo están, pues han sido revisados y no portan el virus.
“No representan ningún riesgo para nadie”, afirmó.
El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó la víspera que al menos el 50% de los pasajeros a bordo de un vuelo que llegó habrían dado positivo al virus. Monroy no detalló cuál sería, pero Carlos Sandoval, vocero presidencial, dijo que se trataba de un avión que llegó en marzo con 41 personas deportadas, entre ellas diez niños. De ese vuelo inicialmente resultó un migrante positivo, y posteriormente se sumaron dos más.
La política del gobierno ha sido no realizar pruebas de COVID-19 a los ciudadanos asintomáticos.
Para evitar que se esparciera la enfermedad, el gobierno suspendió la recepción de vuelos de migrantes desde Estados Unidos durante la Semana Santa. Además, pidió a ese país no enviar más de 25 personas por vuelo y darles un certificado asegurando que no tenían el padecimiento, pero estos requerimientos no se han cumplido.
Guatemala reanudó la recepción de vuelos el lunes y un migrante que llegó en uno dio positivo.
En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en una respuesta por escrito a lo dicho por el ministro Monroy que “la salud y seguridad de los migrantes bajo nuestro cuidado y custodia es una de nuestras principales prioridades. Todos los detenidos por el ICE deben pasar un examen de salud realizado por un proveedor médico de vuelo o se les negará el abordaje y se los remitirá a un centro aprobado por el ICE para un examen adicional”.
El ICE agregó que, junto al Departamento de Seguridad Nacional, continuarán trabajando con el gobierno de Guatemala para garantizar que sus ciudadanos regresen sanos y salvos.
Oficialmente el gobierno guatemalteco sólo ha reportado que cuatro migrantes deportados dieron positivo al virus, contrastando con los datos anunciados por Monroy.
Desde el 13 de marzo, el día en que se detectó la crisis de salud en el país centroamericano, según el Instituto Guatemalteco de Migración han arribado al país un total de 1.623 deportados desde Estados Unidos, entre ellos 245 menores de edad.
Las cifras oficiales hasta el miércoles dan cuenta de 191 personas contagiadas con el virus y cinco fallecidas.
La congresista estadounidense Norma Torres, quien nació en Guatemala, dijo en un comunicado el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump no estaba usando el sentido común al seguir deportando a migrantes a países menos desarrollados.
“Si la administración Trump continúa con sus insensibles políticas de deportación en medio de esta pandemia, los resultados serán predecibles y trágicos”, dijo, y agregó que “estas deportaciones están exportando la muerte ”.
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Con información de AP
