El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, convocó a una reunión del más alto nivel a los representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) y al representante de la gremial, René Novellino, con quienes se buscan soluciones a la crisis en el sector de los pensionados responsabilidad del Gobierno a través de una reforma que «garantice mejores condiciones a los trabajadores».
La Presidencia informó, de manera escueta en comunicado, que «la reunión es parte de los esfuerzos del Gobierno para lograr una reforma que corrija la carga financiera que causó al Estado la privatización del sistema y que garantice a la población condiciones favorables en sus cotizaciones y vitales para vivir dignamente en la etapa del retiro».
La reunión es producto a dos situaciones que afectan paralelamente la situación de unos 175 mil pensionados que son responsabilidad exclusiva del Estado, no de las AFP’s.
La primera es la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del pasado 26 de julio, donde se dejó sin efecto una reciente reforma promovida y votada por el oficialismo y sus aliados políticos en la Asamblea Legislativa que buscaba permitir al Gobierno tomar una mayor proporción del ahorro de jubilación de los trabajadores afiliados a las AFP’s.
La segunda, la negativa de la población económicamente activa de manera formal, que no esta dispuesta a que el Estado le “meta la mano en los bolsillos” y se gaste sus ahorros en proyectos y gastos meramente políticos, que no coadyuvan al crecimiento económico del país.
El 18 de julio pasado, el Congreso aprobó la medida, que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) a aumentar del 45% al 50% el margen de los ahorros de los trabajadores que pasa a un fideicomiso administrado por un banco estatal, a través del cual el Gobierno toma los ahorros de los trabajadores salvadoreños, pagando intereses muy por debajo del promedio que paga a otras fuentes de financiamiento, para pagar a un sector de pensionados bajo su responsabilidad.
Los presidentes de la juntas directivas de la AFP Crecer, Juan David Correa, de capital colombiano y de Confía, Guillermo Buezo, de capital hondureño, viajaron al país, para escuchar la propuesta del Gobierno.
Los mismos directivos ratificaron la propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones (ICP), como la única opción que provee un alivio fiscal sustancial y una mejora sostenible el monto de las pensiones.
Ambos directores pidieron a Sánchez Cerén respetar la propiedad privada de los ahorros de pensiones de los trabajadores como única condición para mantener más reuniones de alto nivel en la Casa Presidencial.
Según René Novellino, representante de la gremial, la reunión se desarrolló en un tono cordial y tanto Gobierno como AFP’s expusieron sus posturas sobre el tema y las acciones que se deben tomar de aquí en adelante, para garantizar el pago de las pensiones y el financiamiento para las próximas.
Por su parte, el mandatario planteó la necesidad de tener más recursos para pagar la próxima amortización que debe cancelarse a las AFP’s en octubre y que asciende a unos $91 millones, lo que, de no hacerse, provocaría la calificación de un segundo “default” (impago) por parte de calificadoras de riesgo internacionales.
De acuerdo a Novellino, luego de escuchar el planteamiento del Gobierno, los directivos de las AFP le insistieron al mandatario que cualquier medida que se tome en torno al tema mantenga el respeto por la propiedad privada de los ahorros de los trabajadores y que las decisiones se tomen con base a argumentos técnicos y no con un sesgo fiscal ó político.
“Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, pero sí planteamos que hay un insumo que ha sido consensuado y que ha pasado los rigores de ser revisado”, dijo Novellino.
Por su parte, Roberto Lorenzana, secretario Técnico y de Planificación del Gobierno, había advertido hace pocos días que ya no buscarían la negociación con políticos de la oposición, sino directamente con “los patrones”, refiriéndose despectivamente a los diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), única facción política que dice mantener la defensa del los ahorros de los cotizantes.
En abril pasado, el Gobierno cayó en el impago de 55 millones con las AFP’s, por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos para saldar el pago, diferentes sectores prevén que este escenario se repita en octubre próximo.
Mientras, tanto la oposición, como analistas y expertos economistas, sugieren al Gobierno cese el gasto desmesurado de los fondos del Estado y entre en una política de ahorro verdadero que permitiría realizar el pago a los cerca de 175 mil pensionados de los que es el exclusivo responsable.
