581 soldados se integran al Ejército, 23 a la Fuerza Aérea y 62 a la Marina Nacional como integrantes del PAR 24-2026 con formación castrense, técnica, disciplina, liderazgo y derechos humanos como integrantes Plan Control Territorial para reforzar las tareas de seguridad.
El Gobierno de El Salvador incorporó el viernes 581 nuevos elementos a la Fuerza Armada, quienes se sumarán a las tareas de seguridad pública en distintos puntos del país en el marco del Plan Control Territorial, según confirmó el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y reportes de medios locales e internacionales.
La ceremonia de juramentación se realizó en el Destacamento Militar N.° 3, en el departamento de La Unión, y fue encabezada por el ministro de la Defensa Nacional, almirante René Francis Merino Monroy, quien pidió a los nuevos elementos sostener el profesionalismo institucional durante sus futuras misiones.
Del total de 581 efectivos juramentados, 496 se integran al Ejército, 23 a la Fuerza Aérea y 62 a la Marina Nacional, de acuerdo con el desglose oficial difundido por el Gabinete de Seguridad. El grupo corresponde al Programa de Adiestramiento Regular 24-2026 (PAR 24-2026), que completó 24 semanas de instrucción castrense, técnica, en disciplina, liderazgo y derechos humanos.
Refuerzo al Plan Control Territorial
La incorporación se enmarca en la fase de expansión del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde 2019, que combina el régimen de excepción vigente con el despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada. Las autoridades no precisaron de inmediato a qué zonas específicas del país serán destinados los nuevos elementos.
El refuerzo se suma a una tendencia sostenida de crecimiento de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), que en los últimos años ha buscado duplicar su pie de fuerza histórico —de unos 20,000 a una meta de 40,000 elementos— como parte de sucesivas fases del Plan Control Territorial. El presupuesto de Defensa para 2026 registró un incremento del 6% respecto al año anterior, con partidas destinadas principalmente a remuneraciones y bonos del personal militar.
Contexto: el debate sobre el rol militar en la seguridad pública
El uso creciente del Ejército en tareas de seguridad ciudadana —constitucionalmente reservadas de forma ordinaria a la PNC según los Acuerdos de Paz de 1992— continúa generando debate entre organizaciones de derechos humanos. Cristosal, organización con presencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, ha señalado en análisis previos que el protagonismo sostenido de la Fuerza Armada en funciones de seguridad interna representa una consolidación de la militarización de la seguridad pública, en un giro respecto al espíritu de los acuerdos que crearon una policía civil independiente del estamento castrense.
En un informe publicado a mediados de julio de este año, Amnistía Internacional documentó patrones de detenciones arbitrarias masivas, fallas al debido proceso y otras violaciones de derechos humanos asociadas al régimen de excepción, señalando que la militarización de la seguridad pública ha sido uno de los factores que, según la organización, ha facilitado dichas prácticas.
El Gobierno salvadoreño, por su parte, ha defendido reiteradamente la estrategia argumentando la reducción sostenida de homicidios y otros delitos desde la implementación del Plan Control Territorial, cifras que han sido divulgadas oficialmente pero que organizaciones independientes han pedido contrastar con mayor apertura de datos judiciales y penitenciarios.
Lo que sigue
El Ministerio de la Defensa Nacional no detalló si esta incorporación de 581 efectivos corresponde a una promoción regular dentro del calendario anual de reclutamiento o si obedece a una necesidad operativa específica del Plan Control Territorial. Tampoco se informó sobre el costo presupuestario asociado a esta nueva promoción ni sobre la fecha exacta de despliegue de los nuevos elementos en el territorio nacional.
