El Gobierno de la República manifestó en un comunicado que, tras conocer «detalladamente el relato de los hechos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR)», que acusa al expresidente Mauricio Funes (FMLN/2009-2014) de una malversación de más de 351 millones de dólares, la entidad «tiene el reto» de sustentar las acusaciones y presentar pruebas.
«Consideramos que esta institución (FGR) tiene el reto de sustentar jurídicamente las acusaciones y presentar las pruebas técnicas pertinentes para demostrar la culpabilidad de los imputados», señaló el Ejecutivo a través de un pronunciamiento público remitido a la prensa.
El documento señala que la lucha contra la corrupción «es una obligación, no solo del Gobierno y los organismos de control, sino de toda la sociedad» y cualquier «acto de esta naturaleza debe ser denunciado, investigado y judicializado, siempre en el marco del debido proceso y el irrestricto respeto a las leyes».
Asimismo, el Ejecutivo rechazó «cualquier acto de corrupción, venga de donde venga» y aseguró que apoya todas las acciones necesarias para la defensa de los recursos públicos.
«No vamos a tolerar a quienes hayan traicionado la confianza del pueblo salvadoreño y tenemos confianza en el funcionamiento de nuestra institucionalidad y en nuestro propio ordenamiento jurídico, por lo que, en el marco del debido proceso, confiamos que se le respetará el derecho a la defensa a las personas requeridas», destacó.
El Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), misma bandera bajo la que gobernó Funes, insistió en que será el sistema judicial, «particularmente los jueces a los que se les encomiende el caso, los que tienen la gran responsabilidad ante el pueblo salvadoreño de esclarecer los hechos».
«Esperamos que actúen con absoluta imparcialidad, independencia y sin presiones de ningún tipo para juzgar conforme a lo que las leyes de la República establecen», recoge el escrito del Ejecutivo.
Asimismo, aseguró que el Gobierno brindó toda la información requerida por las diferentes autoridades que llevan el caso y agregó que los miembros del Ejecutivo serán «respetuosos de las decisiones de los tribunales y de sus requerimientos para adoptar las medidas administrativas que sean necesarias».
«No acusamos ni defendemos a nadie y consideramos que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un asunto para lograr réditos políticos, sino en un esfuerzo conjunto y responsable para la construcción de una sociedad más justa», subrayó el pronunciamiento.
El Gobierno de Sánchez Cerén reiteró su «compromiso» con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de lo público, e instó a «promover un manejo responsable y objetivo de la información referente a este caso».
Según la Fiscalía, Funes y 31 personas, entre las que se encuentran familiares y amigos del expresidente, crearon una trama de corrupción en la que el exmandatario malversó más de 351 millones de dólares, por lo que cuenta con una orden de captura emitida por el Ministerio Público.
