El Gobierno salvadoreño colocó el lunes $645.8 millones en Certificados del Tesoro (Cetes) a una tasa de interés de 7.5 %. El Ministerio de Hacienda colocó el 100 % de lo ofertado a un plazo de 360 días.
La colocación es resultado del Decreto Legislativo 640, en el cual el Congreso de El Salvador avaló el pasado 5 de mayo al Ministerio de Hacienda gestionar $1,000 millones en nueva deuda para la recuperación económica por la pandemia del covid-19.
El Gobierno puede emitir deuda flotante a través de las Letras del Tesoro (Letes) y los Cetes, que se conforman en una “tarjeta de crédito del Ejecutivo”, los que son emitidos cuando el Ministerio de Hacienda recurre a estos instrumento cuando tiene deficiencias temporales de liquidez. Los productos son comprados normalmente por los bancos que operan en el sistema financiero salvadoreño.
Dichos fondos se colocan sin necesidad de pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa, a diferencia de lo que ocurre cuando se contratan préstamos internacionales o se emiten bonos, donde tendrían que haber explicado el uso de los fondos.
La ley general del presupuesto general de la nación de 2020 establece que el techo máximo de esa deuda no debe exceder el 30 % de los ingresos corrientes para el ejercicio financiero de este año, lo que equivale a $1,566.39 millones.
Casi el total de los $645.8 millones fueron adquiridos por la banca nacional, lo que algunos economistas lo ven con preocupación debido a que se ha puesto en mayor riesgo los depósitos de los bancos y sus clientes.
Los fondos autorizados por el decreto 640 nunca llegaron al destino para el cual fueron autorizados por la Asamblea Legislativa, para los micro y pequeños empresarios, sino que fueron utilizados para cubrir el deficit fiscal de 2020, producto del uso de más de tres mil millones de dólares para supuestamente atender la emergencia por el Covid-19, según el gobierno.
Si el gobierno hubiese utilizado los canales generalmente aplicados para la adquisición de deuda por parte del Estado, este debió presentar la intención de uso de los fondos al Poder Legislativo para su asignación, pero al hacerlo a través de Cetes, el uso de los fondos queda a discreción de este sin rendir cuentas de los gastos realizados.
