El gobierno de Salvador Sánchez Cerén defendió una serie de medidas represivas que aplica en las cárceles y que fueron cuestionadas por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.
El vocero oficial del gobierno, Eugenio Chicas, dijo el martes en un programa de propaganda de la televisión nacional que “las medidas extraordinarias se inscriben en el ordenamiento jurídico del país” y sostuvo que “como gobierno tenemos como responsabilidad aplicar todas las medidas que sean necesarias a fin, como lo hemos venido haciendo, de disminuir la criminalidad”.
Al concluir una visita de 12 días al país, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Agnes Callamard criticó las medidas extraordinarias que el gobierno puso en marcha en 2016 en el sistema penitenciario y afirmó que “su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos”.
“Dichas medidas ilegales deben cesar inmediatamente, medidas que violan las normas internacionales y que son trato inhumano y degradante”, manifestó en conferencia de prensa.
Luego de la matanza de 11 trabajadores penitenciarios en marzo de 2016 el gobierno decretó el estado de emergencia en siete cárceles y aisló a los cabecillas de las pandillas.
Días después la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas que permiten a las autoridades penitenciarias someter a aislamientos severos a los criminales y evitar que realicen llamadas telefónicas, entre otras. A su vez aprobó sanciones para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.
Callamard, que visitó varias prisiones salvadoreñas, dijo que desde que se implementaron esas medidas casi 40.000 personas “se encuentran en detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas”, muchos de ellos a la espera de un juicio.
“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden aplicarse solamente por consideraciones de seguridad”, sentenció la relatora de la ONU.
Pero Chicas sostuvo que en los 20 centros penitenciarios del país hay una población de 39.110 detenidos y solo en seis cárceles se aplican medidas extraordinarias con un estimado de 13.000 privados de la libertad, todos ellos miembros de las llamadas maras o pandillas.
Chicas también respaldó la solicitud a la Asamblea Legislativa para que prorrogue por un año las medidas extraordinarias.
“No es para todos, es para aquellos criminales que hemos comprobado que desde las cárceles ordenaban crímenes, ordenaban hostigamiento a la población”, agregó el vocero del gobierno.
Señaló que según datos de Naciones Unidas en 2015 El Salvador registró 104 homicidios por cada 100.000 habitantes y que finalizó 2017 con un promedio de 60,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
