El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró el lunes que la recaudación de impuestos en El Salvador se redujo en 448 millones de dólares a raíz de la pandemia del COVID-19.
Con esa excusa, el funcionario urgió a la Asamblea Legislativa a ratificar 1.000 millones de dólares en préstamos para cubrir las obligaciones del Estado.
«A la fecha llevamos una perdida de ingresos de 448 millones y sigue creciendo», dijo Fuentes a periodistas y añadió que del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) «se va a percibir muy poco».
Fuentes llamó a los diputados del Congreso a ratificar los referidos fondos para poder «garantizar el presupuesto público del mes de junio».
«De no aprobarse los recursos en la Asamblea Legislativa, el mes de junio es crítico. El Ministerio de Hacienda está comprometido en seguir pagando las obligaciones financieras, pero será muy difícil cumplir con el 100 % de esas obligaciones si la Asamblea no autoriza los fondos», subrayó.
El Congreso de El Salvador autorizó al Gobierno de Nayib Bukele la búsqueda y negociación de unos 4.000 millones de dólares, a la fecha, para atender la emergencia sanitaria y para programas de reactivación económica, pero el Ejecutivo no ha llevado ni siquiera los fondos autorizados desde diciembre 2019 al pleno, cerca de mil millones.
Riesgo de impago
Durante una entrevista radial, Fuentes advirtió que las agencias calificadoras prevén que el país caiga en el impago de sus obligaciones.
«Las calificadoras de riesgo están esperando a que caigamos en impago, por la incapacidad que tiene este país de alcanzar acuerdos políticos, ese es el mayor riesgo, porque no podemos resolver nuestros propios problemas», aseguró.
Fuentes sostuvo que «estamos en una situación muy crítica, si no alcanzamos un consenso político, podemos entrar en una situación muy difícil que nos costará años salir».
Las declaraciones fueron dadas mientras el Gobierno insiste en una «chequera en blanco», sin supervisión alguno del Legislativo.
En abril de 2017, el Gobierno cayó brevemente en el impago de la deuda con las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición (que entonces incluía al oficialismo actual) para emitir bonos en el Congreso y saldar el pago, por lo que tuvo posteriormente que recortar 56 millones del presupuesto estatal.
El impago desencadenó una caída en la imagen financiera del país con la baja de la clasificación de riesgo soberano por las principales agencias calificadoras del mundo.
El economista Ricardo Castaneda dijo a periodistas a inicios de abril que el país se encuentra «a las vísperas de una de las crisis más graves de la historia» con una caída superior a la registrad durante la crisis mundial de 2009.
El experto indicó que el mismo Banco Central de Reserva (BCR) en sus primeras estimaciones señala que «la economía puede caer hasta un 4 % y de continuar así la caída puede ser aún mayor, es decir que el país puede caer en una recesión económica».
De acuerdo con Fuentes, se estima la caída del PIB salvadoreño en un 5 % como consecuencia de la pandemia.
