La Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala está amenazada, no solo por los incendios o el cambio climático que afectan a uno de los pulmones ambientales de América, sino también por la ganadería y el narcotráfico.
Es por ello que la gobernanza comunitaria está preocupada y en pie de guerra para seguir cuidando su casa.
De acuerdo con Jorge Emilio Soza, vecino del municipio de San Andrés y socio fundador de la Asociación Forestal Integral (Afisap), una de las organizaciones comunitarias aglutinadas en la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), esta zona está considerada como la que tiene la mayor concentración y conservación de sus bosques, ahora amenazada por diferentes motivos.
Entre ellos, explica, están las «actividades agrícolas y de ganadería, el narcotráfico», los «incendios provocados y la posible ampliación de un parque arqueológico en la denominada cuenca del Mirador».
En este sentido, el conservacionista y especialista en agronomía Marcedonio Cortave, quien ha protegido la reserva de la Biosfera Maya durante décadas, sostiene que la mayor amenaza que enfrenta la Reserva son los «incendios forestales y la narcoganadería», detrás de los que podría haber intereses para explotar posibles fuentes petroleras que existen en esta zona.
«Hay mucha influencia de gente queriendo avanzar para cambiar el uso del suelo y convertirlo en pastos para la ganadería e incluso hay asociados intereses de la narcoganadería, que es el concepto de aparentar ingresos por crianza de ganado, pero que en realidad a veces genera ingresos de actividades ilícitas», explica.
Cortave detalla que «es notable que los incendios son un fuego provocado para deterioro de recursos y avance de toma de tierras» y además añade que hay muchos intereses para aprovecharse del petróleo, que supuestamente hay en la zona.
Según un informe publicado esta semana, la oleada de incendios que se produjo este año en la zona, con casi 8.000 focos en solo 5 meses, devoró más de 2.000 hectáreas, aunque solo el 0,8 % de ellos se produjo en las 9 áreas que están bajo concesión a las comunidades.
Luisa Ofelia Gualip, de 45 años, es vecina de la aldea Uaxactú, una de las comunidades que forma parte de las 9 concesiones. Ha vivido ahí toda su vida y la única fuente de ingresos que tiene ella y su familia es el corte de la madera, la recolección de la palma de xate, una planta ornamental, y la nuez de ramón, una semilla comestible.
Su vida ahí es dura. La propia mujer relata que durante el verano que recién acaba de terminar sufren escasez de agua potable y la única forma de conseguirla es viajando varias horas hacia la zona central de Petén.
«Tenemos un pozo, pero el agua que sale de ahí tiene sal, entonces esa agua solo nos sirve para lavar maíz y lavar trastos, no la podemos utilizar para beber ni para cocinar», enfatiza esta madre de 9 hijos que también teme porque no renueven las concesiones, que vencen en un plazo de 5 años.
La gobernanza comunitaria en la zona forma parte del proyecto «Nuestras Tierras, Nuestros Bosques», implementado por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en cumplimiento a uno de los acuerdos de Paz de 1996 conocido como ‘Bosques de Paz’.
El departamento de Petén es el hogar de la Reserva, que abarca más de 2 millones de hectáreas. El 40 % de este territorio lo conforma la denominada zona de usos múltiples, el área con más densidad de árboles, en concesión a las comunidades, y donde se hace aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible.
Entre ellos destacan la madera, el xate, la nuez de ramón, la pimienta y el chicle, además del turismo y otros servicios comunitarios. Todas son actividades productivas que han estado dirigidas por las organizaciones comunitarias.
Son al menos 350.000 las hectáreas repartidas en 9 concesiones a los comunitarios que están agrupados en la Acofop. Cada una de las concesiones ha sido cedida por un periodo de 25 años y la más antigua es la que está en el municipio San Andrés.
Las concesiones están divididas entre las que no tienen población residente y las que sí, donde habitan un aproximado de 2.000 familias cuya principal fuente de ingresos son los recursos naturales.
