El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) negó el viernes que haya favorecido a la pandillas en el marco de una tregua que su Gobierno y esos grupos delincuenciales acordaron entre 2012 y 2014 para a voluntad de su Administración bajar la cifra de homicidios.
Funes será procesado junto a su exministro de la Defensa y de Seguridad David Munguía Payés, considerado por algunos sectores como el «padre de la tregua» y que fue detenido la noche del jueves.
«¿Por qué la FGR (Fiscalía) me acusa de asociaciones ilícitas en el caso tregua si no me reuní ni promoví o autoricé alguna reunión de negociación con las pandillas para fortalecerlas y ayudarles a delinquir? No les entregué dinero como sí lo hicieron otros. Tampoco las favorecí», publicó el exmandatario en sus redes sociales.
Funes, nacionalizado nicaraguense y quien no ha podido ser extraditado a El Salvador para enfrentar varios procesos por cargos de corrupción, criticó al actual fiscal general, Raúl Melara.
Añadió que, en caso de regresar al país, «es imposible defenderse cuando hay todo un aparato de persecución judicial montado para hacerle creer a la gente a cómo de lugar que uno es culpable».
Los cargos atribuidos son el de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, sin embargo Funes es perseguido por varios otros delitos.
«Se ha determinado que es a través de ese pacto, de ese liderazgo que tuvieron ellos (Payés y Funes) en el Gobierno para que se llevara (a cabo) la tregua entre pandillas y donde se cometieron los delitos que se han mencionado», dijo Melara a la prensa la noche del jueves.
Munguía Payés fue el primer funcionario salvadoreño en admitir públicamente que la tregua fue una política estatal que además tuvo el «respaldo» de la Organización de Estados Americanos (OEA), entonces bajo el liderazgo del chileno José Miguel Insulza.
En febrero de 2015, el ya expresidente Mauricio Funes justificó el acompañamiento de su Gobierno a la tregua porque durante la misma el promedio mensual de muertes violentas en El Salvador pasó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.
A este armisticio se le atribuye una sensible baja en las cifras de homicidios en los años que estuvo en pie, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta contabilizar 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
Por esta tregua fueron enjuiciados en dos ocasiones varias personas, señaladas de ser los operadores del pacto, que en un primer momento fueron exoneradas de los cargos.
Posteriormente, ante la resolución de una corte de apelaciones que ordenó repetir el juicio en marzo de 2019 y en este fueron condenados algunos funcionarios a penas leves y excarcelables.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador impuso tres años a Nelson Rauda, exdirector del sistema penitenciario (2012-2013), y Anilber Rodríguez, exinspector de las prisiones, por el delito de actos arbitrarios.
Mientras que los exdirectores de cárceles Félix Ruiz, Rigoberto Palacio, Juan Zepeda, José Abarca y Miguel Ángel Abarca recibieron dos años por el delito de incumplimiento deberes.
En al menos tres ocasiones, jueces antimafia llamaron a la Fiscalía a investigar a Funes y Payés por su participación en la tregua entre a pandilla Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.
