La violencia criminal extrema que hace de El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo, los problemas del ineficiente manejo del agua, el problema crónico de un sistema de Salud y de Educación insuficientes para cubrir las necesidades de la población, etcétera, son claves para que el presidente electo, Nayib Bukele, evite crisis profundas durante el Gobierno que asumirá el próximo 1 de junio.
La violencia y la inseguridad social tienen el potencial de «desestabilizar» al país en los próximos meses si no reciben una atención especial e inmediata por parte del nuevo gobierno que gestionará el país a partir del próximo sábado.
Bukele ha puesto fin a un bipartidismo instalado durante tres décadas, pero el simple hecho de un relevo político no es garante de nada, ni atenúa los problemas nacionales ni representan una ventaja para nadie.
El llegar al poder con una plataforma desgastada y con todos los visos posibles de corrupción, muy bien lograda, del partido «exnaranja» y hoy «golondrino» de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) hizo poco o ningún daño a quien tomará las riendas de El Salvador con una tasa de 19,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en lo que va de 2019, duplicando el índice de 10 considerado a nivel internacional como una epidemia.
El Ejecutivo de Bukele deberá mantener o disminuir la tasa de asesinatos registrada en la actualidad, pero tendrá como principal obstáculo a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen unos 60.000 miembros en todo el país.
El Salvador no solo está en riesgo de mantener o registrar alzas repentinas en las muertes violentas, sino que ve amenazada también la Educación.
La Educación se encuentra amenazada por el constante acoso de las pandillas que buscan reclutar jóvenes.
Sin embargo, Bukele ha dado pocas luces, sino ninguna, sobre su estrategia para combatir las pandillas y a un día de tomar el poder tampoco ha nombrado a su ministro de Seguridad Pública.
Bukele debe combatir la corrupción, la violencia y la pobreza, algo que puede ser complicado al tener apenas 11 diputados en la Asamblea Legislativa, una minoría fácilmente aplastada por sus enemigos políticos. Algunos analistas consideran que es una debilidad del Presidente electo el tener una minoría legislativa y no el respaldo de un partido político fuerte.
Temas como el turismo, la inversión extranjera, inversión privada, o el agro no se pueden desarrollar mientras la delincuencia no se controle, dijo Bukele a periodistas durante su última visita a Washington.
«El dinero alcanza cuando nadie roba»
Bukele supo capitalizar el descontento hacia los dos partidos tradicionales de El Salvador, ARENA y el FMLN, con frases hechas y su lema: «el dinero alcanza cuando nadie roba».
En los últimos años, varios expresidentes salvadoreños han enfrentado a la justicia por diversos casos de corrupción.
Bukele se ha comprometido a acabar con la impunidad creando una comisión internacional contra la corrupción -similar a la de Guatemala, un grave error, tal cual fue demostrado en la tierra del Quetzal, el pretender entregar la justicia salvadoreña a manos extranjeras.
Además, el nuevo presidente Ha propuesto impulsar proyectos de infraestructura, tales como puertos, trenes y aeropuertos para contener el éxodo de migrantes hacia otros países, sin embargo, no ha dado detalles sobre cómo financiará sus proyectos dado que el FMLN lo deja con un enorme déficit público.
La economía salvadoreña no ha logrado llegar al 3% anual desde hace una década.
La constante emisión de deuda mediante bonos, Letras del Tesoro (LETES) y préstamos ha llevado a El Salvador a deber 18.401,2 millones de dólares, lo que representa el 71,2 % del PIB del país.
El tema de las pensiones merece también una especial atención del Gobierno principalmente por el tema social, dado que organizaciones piden constantemente una revisión por la baja paga que reciben los nuevos pensionados.
Los Gobiernos anteriores no solo se endeudaron con bancos y compradores de bonos, sino que asaltaron el dinero de los trabajadores cotizantes manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) para financiar su gasto mediante un fideicomiso.
Esta forma de deuda suma 4.924,6 millones, incluidos en los 17.401,2, y la falta de recursos para cubrir su pago en cuotas llevó al país al impago en abril de 2017.
Esto dio al traste con la imagen financiera de El Salvador y para evitar un nuevo impago el Gobierno y el Legislativo impulsaron y aprobaron una nueva reforma al sistema de pensiones, con lo que se incrementó la cotización de los trabajadores del 13 al 15 % de su salario, pero el gobierno ha continuado tomando el dinero de los trabajadores pagando apenas un 1 % sobre los dineros mal apropiados.
Una lacra que ha debilitado aún más la economía del país es la corrupción en los más altos niveles políticos.
Solo la malversación de fondos atribuida a la administraciones de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) supera los 666 millones de dólares y aún se desconoce el saqueo realizado por el gobierno del FMLN de Salvador Sánchez Cerén.
En estas condiciones, el nuevo gobierno deberá aumentar la recaudación fiscal y los impuestos para hacer frente a los pagos de una deuda externa que pasa de 9.500 millones de dólares y la población, basada en las promesas de su mesías político, espera no se afecten los programas sociales y que los salarios se incrementen, además del bienestar social.
