La Fiscalía General de la República (FGR) pidió penas de entre 6 y 18 años de prisión contra 18 personas enjuiciadas por los supuestos delitos cometidos en las prisiones durante la tregua patrocinada, instigada y financiada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes entre las principales pandillas (2012-2014).
Los fiscales del caso pidieron al Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador durante el quinto día de juicio condenas de 18 años contra el exdirector general de Centros Penales Nelson Rauda y el ex inspector de las prisiones Anílber Rodríguez.
Un representante de la Fiscalía aseguró a periodista que solicitaron la mayor condena contra estas personas, acusadas de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de
objetos prohibidos, porque su calidad de funcionarios al momento de la tregua es una «agravante».
Por otra parte, para el principal mediador entre las pandillas durante el armisticio, Raúl Mijango, y el policía Roberto Castillo, quien de acuerdo con las autoridades del Gobierno realizaba labores de «inteligencia», el Ministerio Público pidió 14 años de prisión por agrupaciones ilícitas y supuestamente introducir teléfonos a las prisiones.
Mijango, exguerrillero y exdiputado del Fmln fue ingresado este viernes a la unidad de «máxima urgencia» del Hospital General del Instituto salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por «graves» padecimientos.
La misma condena de 14 años busca la Fiscalía que purguen los 5 exdirectores de cárceles procesados por incumplimiento de deberes e ingresar objetos prohibidos a los recintos bajo su mando durante el período en que inició el pacto de no agresión entre las «maras».
Mientras que para los miembros un «consejo criminológico», que de acuerdo con la Fiscalía avalaron irregularmente el traslado de 30 de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a una con menor régimen, fueron solicitados 6 años de cárcel.
Además del traslado de los líderes de las pandillas, la Fiscalía señala que entre los beneficios que recibieron estas bandas están el ingreso de televisores, reproductores de vídeos y prostitutas a los centros penales.
Las autoridades atribuyen al armisticio una significativa reducción de los asesinatos entre 2012 y 2013, pero a partir de su ruptura el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
