El ministerio público español solicitó para el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano 30 años de prisión por cada uno de los “cinco asesinatos terroristas” de los religiosos españoles y la privación de todos sus honores militares, según un escrito al que tuvo acceso el periódico español EL PAÍS.
Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador y miembro de La Tandona, promoción de una veintena de oficiales que ocupó puestos clave en el Ejército ante la agresión comunista del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN) con el liderazgo intelectual de los jesuitas. «Los jesuitas están plenamente identificados con los movimientos subversivos», clamó Montano días antes del 16 de noviembre de 1989, cuando los jesuitas fueron asesinados al interior de la Universidad Centroamericana (UCA).
El líder de los jesuitas muertos era Ignácio Ellacuría, filósofo y teólogo de la liberación. Sus relaciones íntimas y de liderazgo con la guerrilla revolucionaria del FMLN habrían situado al cura en la mirilla de los enemigos militares de los agresores comunistas.
Con los seis jesuitas también fueron ejecutados la mujer y la hija del guardián de la universidad, de 15 años.
Según la acusación, Montano fue uno de los cinco coroneles involucrados en el caso. El mando habría actuado bajo las órdenes del entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, fallecido en 2014.
El ministerio público español solicita también cinco años de prisión menor para el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del batallón Atlacatl, grupo encargado de ejecutar la matanza.
La Fiscalía considera que Mendoza “ha colaborado activamente con la investigación” y “tenía notablemente disminuida su capacidad” porque la desobediencia a las órdenes del Estado Mayor podía suponer riesgo para la vida.
Montano, hoy con 76 años, “participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos”, según el escrito presentado por la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El documento estima que el procesado constituyó “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública […] con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”.
La Audiencia Nacional abrió la causa por la matanza de los jesuitas en 2011 en virtud del principio de justicia universal. Estados Unidos, donde Montano aterrizó en 2001 con documentación falsa, entregó al coronel a España en 2017. El juez envió en noviembre de ese año a Montano a prisión por su supuesta participación en el plan que culminó con el asesinato de Ellacuría y de los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
Con documentos desclasificados de EE.UU., la investigación judicial estima que Montano fue testigo del momento en el que el coronel y ministro de Defensa René Emilio Ponce ordenó a su subordinado Guillermo Alfredo Benavides asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.
Días antes de la matanza, el Ejército denunció a los jesuitas vinculados a la Universidad Centroamericana (UCA) de su “rol” de liderazgo de la guerrilla armada. “A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser uno de los principales consejeros y estrategas del FLMN […]. Los jesuitas eran extranjeros enviados por España para recolonizar el país, eran líderes de hordas terroristas”, sostiene el ministerio público en un escrito.
El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda denunció incluso que los sacerdotes fueron cómplices del asesinato del fiscal general de El Salvador. “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, por tanto, vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación”.
