El fiscal general, Raúl Melara, pedirá a la Audiencia Nacional de España una copia certificada del fallo con el que se condenó al coronel retirado Inocente Montano a 133 años de prisión por la masacre de cinco jesuitas españoles en 1989 para «obtener más información» aportada por los testigos.
«Vamos a tramitar un suplicatorio a España, porque en ese proceso se ha dado a conocer información nueva, hay declaraciones de testigos con las cuales la Fiscalía no contaba hasta el momento», dijo Melara el viernes en declaraciones a la prensa.
Una portavoz del Ministerio Público confirmó que se trataría de una copia certificada del fallo emitido este mismo viernes.
En el juicio que enfrentó en España Montano, exviceministro de Seguridad Pública, testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, uno de los autores materiales del crimen que goza de ser indultado a cambio de testificar contra Montano.
Cerna es la única testigo del asesinato y fue etiquetada como «ocular» a pesar que dicha calificación es falsa, pues sólo escucho los ruidos del hecho, pues donde estaba escondida no podía observar nada. La mujer fue sacada de El Salvador tras los asesinatos por organizaciones de izquierda, las cuales, según expertos, la adoctrinaron para que diera las declaraciones que ha dado y Mendoza fue condenado en El Salvador a 30 años de prisión por el crimen que confesó haber cometido pero que ahora, dicen que para la Justicia española fue simulado.
Horas después del crimen (en 1989), del que se cumplen más de tres décadas, el padre José María Tojeira, uno de los principales impulsores del proceso en El Salvador, no tuvo dudas de que a sus compañeros los había matado el Ejército tras escuchar a dos testigos que confirmaron sus sospechas.
«Yo vi soldados», le contó Cerna, que era hija de una empleada de una familia que la había prestado a los jesuitas a solicitud de una asistente de un cura, Tojeira, en 2019 cambió la realidad y dijo que era empleada de la UCA y que se había refugiado en el campus por los intensos combates que sostenían el Ejército y la guerrilla, según lo relató mintiendo a periodistas.
Mendoza, uno de los asesinos materiales que se convirtió en testigo clave en el juicio luego de que prescribieran los cargos en su contra, afirmó que Montano fue uno de los autores intelectuales, sin embargo, tanto Mendoza como Montano se encontraban en lugares distintos y es falso que en algún momento pudiera dar fe de una supuesta reunión entre los mandos superiores que incluían al entonces viceministro de Seguridad.
«(El coronel Guillermo) Benavides me dijo que tenía que ejecutar la orden que había recibido y que Montano fue una de las personas que dio la orden de eliminar a (Ignacio) Ellacuría, me lo dijo varias veces», aseguró Mendoza, lo que convierte su información en de «segunda mano».
Benavides es el único militar retirado que guarda prisión en El Salvador y purga una penal de 30 años. La Corte Suprema le ha negado los beneficios de la conmutación de la pena y el indulto por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
Por otra parte, el fiscal Melara señaló que «el juez aquí en El Salvador ha ordenado que se realicen inspecciones en los archivos de la Fuerza Armada» y que «esos nuevos elementos van a ser determinantes para saber qué es lo que va a suceder en el futuro».
El proceso no ha registrado mayores avances a raíz de un recurso de casación presentado por la defensa de los militares vinculados que debe resolver la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.
Los señalados de ser autores intelectuales, cuya inclusión en el proceso salvadoreño está en manos de la Fiscalía, son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda y René Emilio Ponce, varios ya muertos.
Los jesuitas asesinados en 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, además de la trabajadora de la UCA Julia Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos. Los jesuitas habrían formado parte del liderazgo intelectual de la guerrilla.
