El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó la libertad de los cinco detenidos por la estampida que terminó en tragedia en el estadio Cuscatlán, luego que, por tratarse de delitos culposos (no intencionales) hubo conciliación con medio centenar de familias de las víctimas como afectados, quienes se presentaron como ofendidos en el proceso penal.
Por cada víctima fallecida, la defensa logró acuerdo de entregar entre $5,000 y $10,000, además de $30 por cada día de incapacidad, en el caso de los lesionados.
La jueza suspendió de manera condicional el procedimiento contra los imputados por un año. La defensa afirmó que los cinco imputados quedaron libres a las 3:30 de la tarde del viernes.
Los cinco imputados a quienes se ordenó su libertad son: el presidente del Alianza F.C., Pedro Hernández; el gerente de seguridad del Alianza, Edwin Abarca Ventura; la gerente financiera del Alianza, Zoila Córdova; el gerente general de EDESSA, Reynaldo Avelar Contreras, y el encargado de las llaves del estadio, Samuel García Montano.
La Fiscalía anunció que apelará la libertad de los detenidos
El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación para revertir el fallo del tribunal que favoreció a los cinco acusados.
“Los responsables seguirán detenidos. Se continuarán utilizando todas las herramientas legales para lograr que se haga justicia”, dijo la Fiscalía en su cuenta de Twitter, manteniendo presos a los liberados contra la orden judicial de su libertad.
Orden judicial no admite apelación
Abogados consultados por periodistas aseguran que «no hay nada que apelar», debido a que en la audiencia no hubo oposición.
Miguel Anaya, abogado defensor, aseguró a periodistas que cuando hay una suspensión condicional del procedimiento, solo el imputado puede presentar apelaciones.
Según el abogado, los delitos conciliados – homicidio y lesiones culposas- no se puede apelar, porque ya existe un sobreseimiento definitivo «ya está cerrado»; durante la audiencia se cambió de estragos agravados a culposos, la Fiscalía estuvo de acuerdo y no se opuso en ningún momento.
Según un abogado consultado por la Agencia Digital de Noticias -ADN- y que pidió el anonimato, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene el mandato constitucional de procurar la justicia, sin embargo en El Salvador, busca «ganar los juicios», no buscar la verdad.
