El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó el domingo a las audiencias celebradas en el Congreso de Estados Unidos en las que se abordó el deterioro de derechos humanos en el país bajo el régimen de excepción, rechazando los señalamientos y calificándolos de “desconectados de la realidad salvadoreña”.
Las sesiones, impulsadas por legisladores estadounidenses y desarrolladas en el marco de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, reunieron a expertos, organizaciones civiles y analistas que expusieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones carcelarias en El Salvador desde la implementación del régimen en marzo de 2022.
A través de mensajes difundidos en redes sociales y declaraciones replicadas por canales oficiales, Bukele cuestionó la legitimidad de las audiencias, señalando que responden a “narrativas politizadas” y defendió los resultados de su política de seguridad.
“El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros del hemisferio”, sostuvo el mandatario, quien argumentó que las medidas extraordinarias han permitido desarticular estructuras criminales que durante décadas controlaron territorios y extorsionaron a la población.
Bukele también criticó lo que considera una falta de reconocimiento internacional a la reducción de homicidios y otros delitos, y afirmó que las evaluaciones externas ignoran el respaldo popular a su estrategia.
Durante las audiencias en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, diversos participantes advirtieron que el régimen de excepción ha derivado en más de 90,000 detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, así como en restricciones a garantías constitucionales como el derecho a la defensa.
Organizaciones de derechos humanos presentaron testimonios sobre presuntos abusos, incluyendo detenciones de personas sin vínculos con pandillas, denuncias de tortura y fallecimientos bajo custodia estatal. Asimismo, se cuestionó la prolongada vigencia de un régimen concebido inicialmente como medida temporal.
Los legisladores estadounidenses también plantearon preocupaciones sobre el impacto institucional del modelo salvadoreño, señalando riesgos de debilitamiento del Estado de derecho y concentración de poder.
El gobierno salvadoreño insiste en que las críticas internacionales no consideran el contexto histórico del país, marcado por décadas de violencia de pandillas. Según cifras oficiales, los homicidios han caído a niveles históricamente bajos, un logro que el Ejecutivo atribuye directamente a la política de mano dura.
Funcionarios salvadoreños han reiterado que las detenciones se basan en inteligencia policial y que los procesos judiciales continúan su curso en tribunales especializados. Además, sostienen que el régimen de excepción ha sido avalado por la Asamblea Legislativa en múltiples prórrogas.
El intercambio de posturas refleja una relación cada vez más tensa entre San Salvador y Washington en materia de derechos humanos. Si bien ambos países mantienen cooperación en temas migratorios y de seguridad, las diferencias en torno al modelo salvadoreño han generado fricciones en espacios multilaterales y legislativos.
Analistas señalan que estas audiencias podrían influir en futuras decisiones de política exterior estadounidense, incluyendo asistencia financiera y evaluaciones sobre gobernabilidad democrática en la región.
El caso salvadoreño continúa generando un debate internacional entre seguridad y derechos humanos. Mientras el gobierno presenta resultados en reducción del crimen como evidencia de éxito, organizaciones civiles advierten sobre costos institucionales y humanos que podrían tener consecuencias a largo plazo.
En este contexto, las declaraciones de Bukele refuerzan una línea de confrontación con los cuestionamientos externos, en un momento en que El Salvador se mantiene bajo escrutinio internacional por el rumbo de su política de seguridad y el equilibrio entre orden público y garantías fundamentales.
