La Fiscalía General de la República reafirmó el jueves la acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por la supuesta malversación de más de 187 millones de dólares de fondos estatales con la presentación del dictamen de la etapa de la investigación judicial.
El ente investigador acusó penalmente en agosto de 2022 al expresidente, que enfrenta un proceso por los delitos de lavado de dinero en un caso conocido como «Gastos Reservados 2014-2019» y que incluye a 18 personas más, según la fuente.
Los Gastos Reservados eran en ese momento ley general de la República y estaban destinados al uso de la presidencia para lo que «estimara convenientes».
«Según las investigaciones, los exfuncionarios y empleados de Casa Presidencial desviaron fondos de la partida de gastos (reservados) y donativos, provenientes de China-Taiwán, a cuentas bancarias particulares», agregó la fuente.
Indicó que la Fiscalía solicitó en su escrito «que se admitan 900 elementos de prueba documental, 200 testigos y tres pericias financieras contables».
El traslado de recursos de la partida de gastos reservados a cuentas particulares, de acuerdo con el Ministerio Público, es el mismo método que utilizaron los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) para desviar recursos en sus Administraciones y es el mismo utilizado por el Gobierno de Nayib Bukele, que busca repetir la presidencia de la República de El Salvador en 2024.
Sánchez Cerén, que se encuentra en Nicaragua, ya era procesado por supuestamente recibir 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Funes.
El exmandatario ha enfrentado investigaciones por la desaparición del embajador de Sudáfrica, Archívala Garner Dunn, en 1979 a manos del grupo guerrillero que el exmandatario dirigió durante la guerra civil (1980-1992).
