Por Agencia Digital de Noticias -ADN-
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió el martes que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) sea condenado a 10 años de prisión por la supuesta malversación de 301 millones de dólares, ratificando el trato una pena leve a cambio de su confesión.
Los fiscales del caso pidieron a los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia San Salvador, al cierre de sus alegatos finales, imponer una pena de 5 años por el delito de malversación de fondos públicos y la misma cantidad por lavado de dinero.
El arreglo, conocido como «juicio abreviado», fue alcanzado y autorizado por los jueces desde el inicio del proceso el pasado 7 de agosto, y le permite a Saca evitar una condena de hasta 30 años de cárcel.
El Ministerio Público también mantuvo el acuerdo con el exsecretario privado Elmer Charlaix y el exgerente financiero de la presidencia Francisco Rodríguez Arteaga al solicitar condenas de 10 y 6 años de cárcel, respectivamente, por los mismos dos delitos.
La Fiscalía también pidió penas de 5 años contra los exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, mientras que para exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera solicitó 3 años, todos por lavado de dinero.
La pena más alta solicitada por los fiscales es contra Pablo Gómez, a quien pidieron condenar a 16 años de cárcel por malversación de fondos y lavado de dinero por no aceptar ser procesado en un «juicio abreviado».
Gómez rindió una «declaración indagatoria» el lunes en la que dijo ser inocente de los delitos y aseguró que el dinero que sacaba de varias cuentas bancarias, que según la Fiscalía eran ilegales, lo entregó a Rodríguez Arteaga.
«Era el último empleado en la escala (de la Presidencia), sin poder de decisión» y «no podía supervisar a las autoridades en el uso de los fondos», apuntó el imputado.
Este aseguró que no se quedaba «ni una hora» con el efectivo antes de entregarlo a su jefe y que «jamás» pensó que era parte de un «plan criminal».
Ahora es el turno de la defensa, la que podría, de no haber prueba fehaciente contra los imputados, retroceder en el trato hecho con la FGR y buscar la exoneración de los imputados.
