La Fiscalía General de la República (FGR) desconoce el destino de más de 191 millones de dólares de los supuestos 301 millones que habría, según sus acusaciones, desviado del presupuesto estatal el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), aseguró un fiscal del caso.
El fiscal, cuya identidad pidió se mantenga en el anonimato, señaló durante los alegatos finales del juicio que enfrenta Saca y 6 de sus excolaboradores que esta suma, cuyo paradero se desconoce, habría sido cobrada en efectivo, pero no pudo presentar prueba alguna, mas que criterios circunstanciales.
«A una parte de este dinero sí se le pudo seguir el rastro, pero a la mayoría no se le puede seguir, porque lo que se busca en una actividad criminal como esta es cobrar los cheques en efectivo para poder evitar así que las autoridades lo rastreen», sostuvo ante periodistas.
El fiscal señaló que solo el ex empleado de la Presidencia Pablo Gómez cobró más de 171 millones de dólares en efectivo, mientras que el resto lo sacaron el exsecretario privado Elmer Charlaix, el ex gerente financiero Francisco Rodríguez Arteaga y «otras personas”, tampoco pudo presentar pruebas fehacientes de esto la representación del Ministerio Público.
El fiscal señaló que, efectivamente solo pudieron rastrear unos 7,6 millones.
La Fiscalía aseguró el lunes que, luego de dos años de haber capturado al expresidente Saca, abrió una investigación contra más personas implicadas en la trama de corrupción del expresidente, sin detallar sus identidades.
Gómez rindió una «declaración indagatoria» en la que dijo ser inocente de peculado y lavado de dinero, y aseguró que el dinero que sacaba de varias cuentas bancarias, que según la Fiscalía eran ilegales, lo entregó a Rodríguez Arteaga.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dio por «incorporadas» el lunes más de 3.000 elementos de prueba documental y pericial en el juicio contra Saca y 6 de sus excolaboradores y dio paso a los alegatos finales.
Se espera que el martes la Fiscalía concluya con su exposición y se inicie con los alegatos de la defensa de los imputados, de los que únicamente Gómez enfrenta el proceso «común», dado que lo otros pactaron con la Fiscalía.
Saca, Charlaix y Rodríguez Arteaga aceptaron confesar sus delitos a cambio de penas de entre 10 y 6 años de prisión en un «juicio abreviado»
El exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera aceptó recibir 3 años de cárcel, mientras que Julio Rank y César Funes, exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, acordaron la pena de 5 años.
Solo Gómez no aceptó pactar con la Fiscalía, porque consideró que admitir los delitos imputados «iba a traicionar» su «conciencia», por lo que podría recibir una pena de hasta 30 años de cárcel.
