Estados Unidos impuso el miércoles sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, señalándolos de corrupción vinculada a organizaciones criminales por participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que incluyó en su lista negra a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles; y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18.
La acusación les óseñala de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados, algo considerado «mentira» por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.
El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente estadounidense acogerá este jueves y viernes, así como con la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que considera este tema una prioridad de seguridad nacional.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky de 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
«El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tras el anuncio de las sanciones.
«Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción», prometió.
Esto ocurre en un momento en que el país atraviesa un crecimiento de la violencia. La Fiscalía General de la República (FGR) reportó entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 488 casos calificados como “desaparición de personas”, informó el lunes el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Delgado señaló, sin brindar más detalles, que dicha cifra deja “un promedio de 1 persona desaparecida por día”. Además, indicó que en el mismo lapso se registraron 627 casos calificados como “privación de libertad”.
En las redes sociales se comparten diversas denuncias de personas desaparecidas, principalmente jóvenes, y diversos internautas han mostrado su preocupación por el fenómeno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió recientemente a El Salvador a adoptar medidas “preventivas” ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un “considerable aumento”.
El Salvador es asediado por la pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias. Además, el país integra junto a Guatemala y Honduras el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.
El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes y, tras esta escalada, las cifras comenzaron a bajar en 2016, pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde 2019, año en el que Nayib Bukele llegó al poder.
Desde San Salvador, Bukele, que mantiene una tensa relación con la administración Biden, rechazó los señalamientos.
«¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan», tuiteó.
El Salvador es uno de los ocho países americanos no invitados a la Cumbre por la Democracia convocada por Biden, al igual que Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
«No creemos que El Salvador esté listo o vaya a contribuir productivamente al conversación que vamos a tener», dijo la semana pasada el encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, acusando al gobierno de Bukele de «socavar» las instituciones democráticas.
En el poder desde junio de 2019, el gobierno de Bukele, que niega pactos con las pandillas, rechazó en los últimos meses extraditar a Estados Unidos a líderes de la MS-13 reclamados por la justicia en Nueva York y curiosamente los protege.
Bukele dijo a finales de noviembre pasado que el país no es ahora “ni por cerca” el más violento del mundo a raíz de la reducción de los homicidios y señaló que tampoco se encuentra entre las primeras 10 naciones violentas.
