El Salvador pagó entre 2016 y 2018 unos 486.000 dólares en concepto de tasa de comisión por no utilizar los fondos del préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir un nuevo edificio legislativo, señaló el jueves el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Fuentes explicó durante una entrevista en el canal estatal de propaganda que el contrato con el BCIE «establece el pago de una comisión por no ocupar los recursos asignados».
En diciembre de 2015, 72 diputados de los 84 que forma la Asamblea Legislativa ratificaron un préstamo de 32 millones de dólares para la nueva sede parlamentaria, pero aún no se ha ejecutado el proyecto ya que ninguno de los últimos dos presidentes del Legislativo, Sigfrido Reyes (FMLN) y Guillermo Gallegos (GANA) intentaron iniciar la obra que protegerá la vida de unos 2,500 empleados y cientos de visitantes diarios que laboran en un edificio condenado por daños estructurales provocados por varios terremotos.
Ahora, luego de haber detentado la presidencia de la Asamblea Legislativa y no haber iniciado la construcción, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) propuso que parte del dinero sea reorientado para la construcción de escuelas, lo que corresponde al órgano Ejecutivo.
La solicitud de GANA fue hecha por orden del presidente electo del país, Nayib Bukele, quien tomará posesión de su cargo al frente del Gobierno el 1 de junio próximo.
Sin embargo, el BCIE ya señaló que sería «improcedente» la reorientación de parte de los fondos y que el préstamo debe ir destinado a la construcción del edificio parlamentario, que está en «muy mal estado”.
El edificio actual fue edificado en 1975.
Según el ministro, los recursos asignados deber ser invertidos, ya que, además de la urgencia de construir el edificio, «el BCIE está perdiendo porque los fondos no están en movimiento y es de recordar que la entidad es un banco» apuntó.
Fuentes instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a «buscar una solución» para que el país «no siga pagando por un préstamo que no está siendo utilizado».
El presidente del Congreso, Norman Quijano, explicó el miércoles que recibió una notificación del Ministerio de Trabajo para que el actual edificio, que se encuentra en «muy mal estado», sea desalojado en un plazo máximo de 60 días.
Quijano dijo que el Parlamento trasladará a sus empleados a las oficinas departamentales para reducir «la carga» del edificio administrativo y acatar la orden del Ministerio de Trabajo, aunque no precisó la fecha en la que comenzará la mudanza.
El actual edificio «presenta serios daños en las vigas que lo sostienen» que se agravaron «tras los últimos sismos», por lo que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa «acordó instruir a los jefes de los grupos parlamentarios para el traslado a los locales que posee la institución en los 14 departamentos del país, añadió.