El Salvador cerró el período junio de 2025-mayo de 2026 con una combinación de mayor inversión pública, crecimiento de la recaudación tributaria y una reducción de los desequilibrios fiscales, de acuerdo con los resultados financieros reportados por el Ministerio de Hacienda.
La fotografía que dejan las cifras, sin embargo, es más compleja que la idea de una simple “mejora de las finanzas públicas”.
El Estado continúa registrando un déficit fiscal considerable y mantiene una elevada carga de intereses de la deuda. Al mismo tiempo, el resultado primario —es decir, los ingresos menos los gastos antes del pago de intereses— se mantiene positivo, una señal relevante dentro del programa de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El período también estuvo marcado por un incremento de la inversión pública, que alcanzó US$1.624,8 millones, equivalente a aproximadamente 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
La cifra representa una apuesta significativa por infraestructura y programas de desarrollo, pero también plantea una pregunta central para las finanzas públicas: ¿hasta qué punto puede El Salvador aumentar la inversión sin volver a presionar el déficit y las necesidades de financiamiento?
Una inversión pública superior a US$1.600 millones
Según los datos presentados por Hacienda, la inversión pública ejecutada durante 2025 ascendió a US$1.569,7 millones, equivalentes a alrededor del 4,3% del PIB.
Posteriormente, para el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, el monto aumentó a US$1.624,8 millones, equivalente a 4,2% del PIB.
La diferencia entre ambos períodos debe tomarse en cuenta antes de hablar de un crecimiento interanual estricto, porque no se trata de dos períodos idénticos: uno corresponde al año calendario 2025 y el otro comprende doce meses entre junio de 2025 y mayo de 2026.
En otras palabras, los US$1.624,8 millones no deben presentarse como un incremento anual exacto respecto de 2025, sino como el monto de inversión ejecutado durante ese período móvil de doce meses.
La distribución sectorial muestra una fuerte concentración en el desarrollo social.
Del total de US$1.624,8 millones:
- US$1.022,3 millones correspondieron al desarrollo social.
- US$567,5 millones se dirigieron al desarrollo económico.
- US$35 millones correspondieron a seguridad y justicia.
La suma de estos tres componentes coincide con el total reportado.
Esto significa que aproximadamente 63% de la inversión se concentró en el área social, mientras cerca de 35% correspondió al desarrollo económico y poco más de 2% a seguridad y justicia.
Educación, transporte y obras concentran buena parte de los recursos
En la ejecución correspondiente a 2025, el área social absorbió alrededor de dos terceras partes de la inversión pública.
Dentro de este componente sobresalieron los recursos destinados a educación y cultura, con aproximadamente US$328,3 millones, mientras salud recibió alrededor de US$116,5 millones y asistencia social unos US$6,2 millones.
En el área económica, el transporte constituye uno de los principales destinos.
El subsector de transporte y almacenamiento recibió aproximadamente US$443 millones, equivalente a cerca de 28% del total de inversión pública de 2025.
La concentración de recursos en transporte es consistente con el peso que tienen las obras viales dentro de la inversión estatal y con la participación de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).
También aparecen entre los principales ejecutores la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
Esto permite observar que una parte importante de la inversión pública no se limita al gasto administrativo del Gobierno, sino que se dirige a infraestructura, educación, salud y obras territoriales.
¿De dónde salió el dinero?
La estructura de financiamiento constituye uno de los aspectos más importantes del informe.
De los US$1.624,8 millones ejecutados:
US$997,9 millones provinieron de fuentes internas, mientras US$626,9 millones tuvieron origen externo.
Dentro del financiamiento interno, el Fondo General aportó aproximadamente US$863,5 millones, mientras los recursos propios representaron unos US$112,9 millones.
Por el lado externo, los préstamos representaron la mayor parte, con aproximadamente US$615,7 millones, mientras las donaciones alcanzaron unos US$11,2 millones.
La estructura deja una conclusión evidente: la inversión pública salvadoreña continúa dependiendo de una combinación de recursos fiscales nacionales y financiamiento externo, particularmente préstamos.
Esto significa que una mayor inversión pública no necesariamente equivale a una mayor disponibilidad de recursos corrientes.
Parte de las obras puede financiarse mediante endeudamiento, lo que permite ejecutar infraestructura hoy, pero genera obligaciones financieras futuras.
El Gobierno cerró 2025 con superávit primario
Uno de los indicadores más relevantes para evaluar la situación fiscal es el saldo primario.
El Sector Público No Financiero (SPNF) registró en 2025 un saldo primario positivo de aproximadamente US$705,6 millones, equivalente a 1,9% del PIB, según los datos reportados.
El resultado adquiere particular importancia porque el programa económico respaldado por el FMI contempla una consolidación fiscal progresiva.
El Fondo aprobó en febrero de 2025 un acuerdo de 40 meses por unos US$1.400 millones, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, reconstruir reservas externas y financieras y mejorar la gobernanza y la transparencia.
El FMI señaló posteriormente que el desempeño del programa había sido sólido y que los objetivos fiscales habían sido cumplidos con márgenes durante la primera revisión.
Pero el superávit primario no significa que el Estado haya dejado de tener déficit.
Ahí se encuentra una de las claves para comprender las cifras.
El déficit fiscal continúa siendo elevado
El saldo fiscal global del SPNF registró en 2025 un déficit de aproximadamente US$1.050,3 millones, equivalente a cerca de 2,9% del PIB.
Aunque el resultado continúa siendo negativo, representa una reducción respecto del déficit registrado en 2024.
La diferencia habría sido de aproximadamente US$558,6 millones, equivalente a una reducción de 1,6 puntos porcentuales del PIB.
La explicación es sencilla:
el Estado puede tener un resultado primario positivo y, al mismo tiempo, presentar déficit fiscal.
Esto ocurre porque el resultado primario excluye los intereses de la deuda.
Si el Gobierno obtiene más ingresos que gastos antes de intereses, pero posteriormente debe desembolsar una cantidad considerable para pagar el servicio de la deuda, el resultado final puede continuar siendo deficitario.
Este es precisamente uno de los problemas estructurales que El Salvador busca enfrentar mediante la consolidación fiscal.
El período junio 2025-mayo 2026 muestra un resultado diferente
Para los doce meses comprendidos entre junio de 2025 y mayo de 2026, el saldo fiscal global fue negativo en aproximadamente US$1.478,4 millones.
El saldo primario, sin embargo, permaneció positivo en US$301,5 millones, equivalente a alrededor de 0,8% del PIB.
Esta diferencia entre el resultado primario y el resultado global revela nuevamente el peso del servicio de la deuda sobre las finanzas públicas.
La situación puede resumirse así:
El Gobierno está generando un excedente antes de intereses, pero ese excedente no alcanza para cubrir completamente el costo financiero de la deuda pública.
Por eso, afirmar que “El Salvador redujo su déficit” es correcto cuando se compara el resultado de 2025 con 2024, pero sería incorrecto interpretar las cifras como si el país hubiera alcanzado equilibrio fiscal.
No lo ha hecho.
La recaudación tributaria gana fuerza
Otro de los elementos positivos reportados es el comportamiento de los ingresos.
Los ingresos totales del SPNF durante junio de 2025-mayo de 2026 alcanzaron aproximadamente US$10.271,5 millones, con un crecimiento interanual de 10,2%.
La recaudación tributaria alcanzó US$8.544,5 millones.
El IVA fue la principal fuente de ingresos tributarios, con US$4.011,8 millones, equivalente a aproximadamente 47,7% del total recaudado.
El impuesto sobre la renta aportó US$3.529,6 millones, equivalente a cerca de 41,9%.
Los derechos arancelarios sumaron unos US$396,5 millones, mientras los impuestos específicos al consumo alcanzaron aproximadamente US$252,4 millones.
La estructura revela una fuerte dependencia de dos impuestos: IVA e impuesto sobre la renta.
Entre ambos representan casi nueve de cada diez dólares de la recaudación tributaria mencionada en el informe.
Una mayor presión tributaria
El monto recaudado elevó la presión tributaria hasta aproximadamente 22,7% del PIB, 1,1 puntos porcentuales por encima del coeficiente registrado un año antes.
Este incremento puede explicarse parcialmente por el crecimiento de la actividad económica, pero también por una mayor eficiencia administrativa en la recaudación.
El Ministerio de Hacienda atribuye parte del comportamiento a medidas implementadas en materia tributaria y aduanera.
El crecimiento económico también desempeña un papel.
La economía salvadoreña creció aproximadamente 3,9% en 2025, de acuerdo con las cifras citadas en el informe.
El FMI también había observado que la economía salvadoreña estaba expandiéndose a un ritmo cercano al 4%, impulsada, entre otros factores, por una mejora de la confianza, remesas elevadas e inversión.
El gasto continúa por encima de los ingresos
Pese al aumento de la recaudación, los ingresos no alcanzaron para cubrir completamente el gasto público.
El gasto total del SPNF durante el período junio de 2025-mayo de 2026 ascendió a aproximadamente US$11.178,3 millones.
Los gastos corrientes representaron alrededor de US$9.493,3 millones, equivalentes a aproximadamente 25,2% del PIB.
Los gastos de capital alcanzaron US$1.745,2 millones, equivalentes a cerca de 4,6% del PIB.
Aquí es necesario realizar una precisión importante respecto de la nota original: gasto de capital e inversión pública no son conceptos idénticos.
La inversión pública es una categoría específica dentro de la estructura de gasto y puede tener una metodología de medición diferente de la utilizada para contabilizar el gasto de capital del SPNF.
Por ello, no debe interpretarse que los US$1.745,2 millones de gasto de capital sean exactamente los mismos US$1.624,8 millones de inversión pública.
Son indicadores relacionados, pero no intercambiables.
Los subsidios siguen representando un costo fiscal
Durante 2025, los subsidios a servicios básicos representaron aproximadamente US$287,4 millones.
El subsidio al gas licuado alcanzó unos US$127,3 millones.
La energía eléctrica recibió aproximadamente US$106,4 millones, mientras el transporte público representó alrededor de US$53,7 millones.
En conjunto, estos subsidios equivalieron a cerca de 0,8% del PIB.
Desde la perspectiva social, los subsidios funcionan como mecanismos para contener el impacto de determinados precios sobre los hogares.
Desde la perspectiva fiscal, sin embargo, constituyen obligaciones que deben ser financiadas por el Estado.
El desafío consiste en determinar si los subsidios están correctamente focalizados y si los beneficios llegan principalmente a los sectores que realmente los necesitan.
La mejora fiscal empieza a reflejarse en el riesgo país
Uno de los efectos más importantes de la evolución fiscal es la percepción de los mercados y de las agencias calificadoras.
El informe regional de riesgo país del Consejo Monetario Centroamericano señala que en febrero de 2026 Moody’s modificó la perspectiva de El Salvador de estable a positiva, aunque mantuvo la calificación soberana en B3.
Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantenían en el primer trimestre de 2026 una calificación de B-, ambas con perspectiva estable.
Moody’s vinculó su cambio de perspectiva con la consolidación fiscal sostenida, el fortalecimiento de los colchones de liquidez y la reducción de las necesidades brutas de financiamiento.
También consideró favorable la mayor credibilidad de la política fiscal asociada con el programa respaldado por el FMI.
Esto representa una mejora importante, pero debe evitarse una interpretación exagerada.
Una perspectiva positiva no equivale a una mejora de la calificación soberana.
Moody’s mantuvo a El Salvador en B3.
Por tanto, el país todavía se encuentra en una categoría de riesgo especulativo y tiene camino por recorrer antes de alcanzar niveles considerados de grado de inversión.
El FMI respalda, pero también exige disciplina
El programa con el FMI constituye uno de los principales elementos detrás del proceso de consolidación fiscal.
El acuerdo de 40 meses contempla reformas destinadas a fortalecer las finanzas públicas, mejorar las reservas y reducir vulnerabilidades.
En su revisión de junio de 2025, el Fondo señaló que El Salvador había cumplido los objetivos fiscales e internacionales establecidos para el programa y autorizó un nuevo desembolso de aproximadamente US$118 millones.
En diciembre de 2025, el FMI informó que continuaban las negociaciones para la segunda revisión y señaló que el objetivo de saldo primario para finales de ese año estaba bien encaminado. También indicó que el presupuesto de 2026 era consistente con una nueva reducción del déficit y un aumento del gasto social.
Esto permite entender por qué el resultado primario positivo tiene tanta relevancia.
No se trata solamente de una cifra aislada.
Forma parte de una estrategia para reducir progresivamente las necesidades de financiamiento del Estado.
La paradoja de las cuentas públicas
Las cifras muestran una paradoja que merece atención.
Por un lado, El Salvador está logrando:
mayor recaudación, superávit primario, reducción del déficit, mayor inversión pública y una mejora en la percepción de riesgo.
Pero, por otro:
el déficit fiscal todavía existe, la deuda continúa siendo elevada y el pago de intereses absorbe una parte importante de los recursos públicos.
El FMI proyectaba para El Salvador una trayectoria de deuda pública todavía elevada, aunque con una tendencia de estabilización y reducción gradual bajo el programa de consolidación.
Por eso, el resultado de los próximos años será determinante.
Una mejora temporal de los ingresos no sería suficiente.
El desafío será conseguir que el aumento de la recaudación, el crecimiento económico y la disciplina del gasto produzcan una reducción sostenida de las necesidades de financiamiento.
Más inversión, pero con presión sobre las finanzas
El incremento de la inversión pública constituye probablemente uno de los aspectos más relevantes del informe.
Destinar alrededor de 4,2% del PIB a inversión pública significa mantener un esfuerzo considerable en infraestructura y servicios.
El problema aparece cuando ese esfuerzo se combina con una situación fiscal todavía deficitaria.
Si una parte importante de la inversión se financia mediante préstamos, el Estado obtiene infraestructura hoy, pero también incorpora nuevas obligaciones financieras.
Por eso, la pregunta económica no debería ser únicamente cuánto invierte el Gobierno.
También debe preguntarse:
¿qué rendimiento económico y social generan esas inversiones?
Una carretera que reduce costos logísticos, una infraestructura educativa que mejora la formación de capital humano, una obra de agua potable que reduce enfermedades o un proyecto de transporte que disminuye tiempos de traslado pueden generar beneficios económicos que superen su costo.
Pero una inversión de bajo impacto económico o social puede convertirse simplemente en mayor deuda pública.
El verdadero desafío: mantener la tendencia
Los datos disponibles muestran una mejora respecto de la situación fiscal de años anteriores, pero todavía no permiten hablar de una solución definitiva al problema de las finanzas públicas.
El Salvador ha comenzado a producir resultados que los organismos financieros internacionales consideran favorables.
El superávit primario, la reducción del déficit, la mayor recaudación y la mejora de la perspectiva de Moody’s son señales positivas.
Pero la calificación soberana continúa en niveles especulativos, el déficit global sigue siendo considerable y el costo de la deuda continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un equilibrio fiscal completo.
La política económica entra así en una etapa particularmente delicada.
El Gobierno debe mantener la consolidación fiscal sin sacrificar la inversión pública ni el gasto social que sostienen el crecimiento y la cohesión social.
Y ahí está el verdadero examen.
Reducir el déficit mediante una fuerte contracción del gasto podría mejorar rápidamente algunas cuentas, pero también podría afectar la inversión, los servicios públicos y el crecimiento.
Aumentar la inversión mediante mayor endeudamiento podría impulsar la actividad económica en el corto plazo, pero elevaría las obligaciones futuras.
La estrategia que parece buscar actualmente el Gobierno consiste en un punto intermedio: incrementar la recaudación, contener el crecimiento del gasto, mantener un resultado primario positivo y proteger determinados niveles de inversión y gasto social.
El éxito de esa estrategia dependerá de su sostenibilidad.
Las cifras que resumen el momento fiscal
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Inversión pública, 2025 | US$1.569,7 millones |
| Inversión pública, junio 2025-mayo 2026 | US$1.624,8 millones |
| Inversión pública/PIB | 4,2% |
| Ingresos totales del SPNF, junio 2025-mayo 2026 | US$10.271,5 millones |
| Recaudación tributaria | US$8.544,5 millones |
| Presión tributaria | 22,7% del PIB |
| Gasto total del SPNF | US$11.178,3 millones |
| Gasto corriente | US$9.493,3 millones |
| Gasto de capital | US$1.745,2 millones |
| Saldo primario, junio 2025-mayo 2026 | +US$301,5 millones |
| Saldo fiscal global, junio 2025-mayo 2026 | -US$1.478,4 millones |
| Saldo primario 2025 | +US$705,6 millones |
| Déficit fiscal 2025 | US$1.050,3 millones |
| Subsidios 2025 | US$287,4 millones |
El Salvador mejora, pero todavía no sale de la zona de riesgo
La lectura completa de los datos conduce a una conclusión más equilibrada que la presentada inicialmente.
El Salvador sí está mostrando una mejora fiscal.
La reducción del déficit de 2025 frente a 2024, el superávit primario, el crecimiento de los ingresos tributarios y la mejora de la perspectiva de Moody’s constituyen señales verificables de una consolidación de las cuentas públicas.
Pero El Salvador todavía no ha alcanzado el equilibrio fiscal.
El país continúa necesitando financiamiento, mantiene un déficit global importante y enfrenta un elevado costo financiero derivado de su deuda.
La inversión pública superior a US$1.600 millones demuestra, además, que el ajuste fiscal no se ha producido únicamente mediante una reducción de la inversión.
El desafío de los próximos años será conseguir algo considerablemente más difícil: reducir la deuda y el déficit sin detener la inversión pública, sin deteriorar los servicios sociales y sin sacrificar el crecimiento económico.
La evolución de las cuentas fiscales durante 2026 y las próximas revisiones del programa con el FMI serán, por ello, determinantes.
El resultado podría definir si la actual mejora constituye un cambio estructural en las finanzas públicas salvadoreñas o solamente un período favorable dentro de una deuda pública que todavía representa uno de los principales desafíos económicos del país.
