El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, negó hoy que dicho tribunal busque que el país caiga en el impago de las pensiones de 160.000 personas a cargo del Gobierno con una resolución que impidió a este tomar más fondos de los ahorros de jubilación de los trabajadores.
«El tribunal no ha dicho ni se infiere en su sentencia que lo que esta buscando es evitar que se paguen las pensiones», dijo González en una entrevista televisada, y añadió que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén «tiene que hacer los ajustes necesarios» para «garantizar que las pensiones sean efectivas».
La semana pasada, la Sala dejó sin efecto una reforma que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a aumentar de 45 % a 50 % el margen de los ahorros de los trabajadores que pasa a un fideicomiso administrado por un banco estatal, a través del cual el Gobierno toma el dinero de los que contribuyen actualmente a los Fondos de pensión y paga a un sector de los pensionados, de quienes con anterioridad tomó y gastó sus Fondos.
Ese mismo día, Sánchez Cerén mintió a la población en cadena nacional de radio y televisión al decir que la sentencia «pretende suspender el pago de las pensiones a los jubilados y la crisis que podría generar es responsabilidad del Constitucional».
«La Sala emite sentencias con la intención de crear crisis y confrontación y no permitiremos que deje sin pensión a nuestros jubilados», insistió el mandatario, quien agregó que el Gobierno no permitirá que los pensionistas se queden sin sus derechos, aunque no precisó la estrategia a seguir para evitar caer en impago.
Asimismo, hizo un llamado a la población a “estar atenta y a respaldar al gobierno” en las medidas que se ejecutarán para asegurar el pago de las pensiones. Convirtiendo sus palabras en amenazas contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La reforma se dio a raíz de que una de las dos AFP que tiene el país alcanzó el techo máximo de préstamo al Gobierno en junio pasado, hecho que deja al Ejecutivo sin parte de los fondos para pagar a los pensionados, ya que esos pagos no fueron incluídos de manera maliciosa en el Presupuesto General de la Nación 2017.
De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de AFP’s (Asafondos), anualmente estos entes prestan cerca de 500 millones de dólares al Gobierno mediante el Fideicomiso de Inversión Previsional (FOP), mecanismo de financiación que le ha generado al Estado una deuda de 5.700 millones de dólares con las AFP, dineros que son de los cotizantes.
En abril pasado, el Gobierno cayó en el impago de 55 millones con las AFP por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos para saldar el pago, diferentes sectores prevén que este escenario se repita en octubre próximo.
El Gobierno promueve en el Congreso una nueva propuesta para reformar el sistema de pensiones con la que busca subir la cotización en 2 puntos porcentuales y tomar el 50 % de los ahorros existentes de los trabajadores.
“No se necesita ser experto en finanzas públicas para concluir que se está afectando la rentabilidad y las pensiones que recibirían los trabajadores”, dijo González, quien añadió que la deuda de los CIP que ha tomado el gobierno a la fecha no es del 45%, sino que, del 62%.
Con respecto a las amenazas de Sánchez Cerén, González es de la opinión que estas fueron “ambiguas” y que “Ojalá el presidente no escuche esas voces calenturientas sobre las medidas a tomar tras las sentencias”
“Si se hacen cosas descabelladas, todavía estamos en un régimen republicano donde frenos y contrapesos funcionan”, le aclaró el magistrado al presidente de la República.
Con respecto a las airadas críticas lanzadas por Lorena Peña, diputada del FMLN y expresidenta del Órgano Legislativo, que acusó a la resolución de la máxima autoridad constitucional del país de declarar el Presupuesto General de la Nación 2017 inconstitucional, de “desplante de matonería”, y decir que la “política de austeridad que presentó el presidente es más completa que esa lista de súper que presenta la Sala”, el magistrado González se mofó del absurdo de la política izquierdista, diciéndole que el país puede tener la garantía que la “lista de súper” sí se va a cumplir, no como las políticas de austeridad que quedan en “buena voluntad”.
González le aclaró al ejecutivo, al oficialismo y al partido FMLN que “La Sala hará los seguimientos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de sus fallos”
