El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, informó el lunes que el ministro de Hacienda aún no ha hecho efectivo el depósito para el pago a los empleados del Poder Legislativo.
El funcionario advirtió que retener los fondos para el pago de salarios es un delito.
“Le pido al Ministro de Hacienda interponer sus buenos oficios para el pago a los empleados legislativos, la falta de pago no está afectando a los Diputados. Los empleados no tienen responsabilidad en las decisiones legislativas. Espero no sea una dedicatoria”, explicó Ponce en una entrevista televisada en el canal 21.
El presidente de la Asamblea Legislativa recordó que “El Fiscal advierte que es delito retener fondos para el pago de salarios, espero este día se transfieran los recursos para el pago de los empleados legislativos.
«Estamos haciendo nuestro trabajo en la aprobación de los últimos 350 millones para el Gobierno”, advirtió al Ejecutivo, que sin sus votos no podría obtener más fondos, lo que fue entendido como una amenaza directa a las necesidades constantes de fondos para sostener los gastos de los diversos ministerios.
Con respecto al ahogo financiero que desde la Casa Presidencial se hace contra el Poder Judicial, las alcaldías y todo el que se oponga a la voluntad del Presidente Nayib Bukele, Mario Ponce le recordó que “Hay una partida presupuestaria para pago de salarios, FODES a los Municipios y para los veteranos. Al no honrar esos compromisos automáticamente se cae en situación de impago. No transferir FODES pone en problemas de funcionamiento a los Municipios”.
Específicamente, advirtió a la población que “La falta de pago de FODES a las Municipalidades complica la situación ya que no se le paga los salarios a los empleados municipales, con esto se les afecta sus derechos y de paso se afecta al ciudadano común que no recibirá los servicios municipales”.
Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, aseguró la semana pasada que priorizó al personal de primera línea para el pago de los salarios, dejando para cuando se pueda el de quienes considera de menor importancia. Los actos de Zelaya caen en lo que sería «omisión de obligaciones», ya que los salarios de todos los empleados públicos están amparados en el presupuesto General de la Nación 2020.
